El Ayuntamiento de Marbella tiene el dudoso honor de haber marcado un hito en la historia de la democracia. Con el gobierno en pleno bajo sospecha, una semana después de la primera fase de la oporación Malaya, y a petición de la Junta, el Gobierno central disolvió el consistorio.
Desde el 7 de abril de 2006 y hasta la celebración de las elecciones municipales de mayo de 2007 -que ganó el PP con Ángeles Muñoz- el ayuntamiento estuvo dirigido por una comisión gestora de 16 profesionales independientes propuestos por los partidos según su representatividad y no sin conflictos por las sospechas sobre abogados o ingenieros que trabajaron con algunos de los imputados. La presidencia de la gestora recayó en el abogado Diego Martín, propuesto por el PSOE.
Dado que los casos de corrupción municipal no han cesado en este tiempo, el precedente de Marbella ha sido enarbolado desde la oposición para reclamar que se proceda igual en casos como la vecina Estepona o El Ejido (Almería), cuyos alcaldes están imputados junto a varios ediles y funcionarios municipales. Sin embargo, hasta el momento no se ha vuelto a tomar esta decisión y cada vez que se reclama, Gobierno andaluz y central argumentan que la excepcionalidad de Marbella es que no quedaban miembros del gobierno libre de sospechas.
Previamente, antes de saltar a la luz la operación Malaya, la Junta retiró al Ayuntamiento, entonces presidido por Yagüe, las competencias urbanísticas, una prerrogativa recogida en la Ley del Suelo que no entró en vigor hasta diciembre de 2005, si bien la Junta anunció la retirada de las competencias un mes antes porque la aplicaría con efectos retroactivos. Esta prerrogativa se ha incluido en la recién aprobada Ley de Autonomía Local.
