Cinco años después de que la Junta de Andalucía rescatara las competencias urbanísticas delegadas en el Ayuntamiento de Marbella por el aluvión de irregularidades detectadas en las concesiones de licencias de obras, el conflicto urbanístico generado en esta población señera de la Costa del Sol puede entrar en un punto muerto cuyos principales perjudicados serán los propios habitantes de Marbella. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha anunciado que aprobará la próxima semana una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tiene como fin impedir que pueda demolerse cualquier vivienda que esté habitada, aunque ésta sea ilegal. El proyecto rompe por completo con la filosofía de trabajo de los urbanistas encargados de la redacción del Plan General al reconocer el Consistorio que no tiene intención alguna de demoler una sola vivienda, por mucho que se hayan construido gracias al atropello de la legalidad y a las tropelías propias de los años más negros del gilismo. Los técnicos y expertos han dedicado cinco años a intentar recomponer el desastre causado por los dirigentes sin escrúpulos que saquearon la ciudad sin atender a su futuro. Ahora, toda esta ingente labor se puede venir abajo por una decisión municipal que no deja de ser una consagración de la impunidad urbanística. Desde luego que nadie quiere crearle gratuitamente un problema a quien habita en una de estas viviendas, pero el Ayuntamiento sabe que si no se tira ninguna casa ilegal se estará dando un mensaje muy negativo a quienes quieren construir una Marbella más sostenible y segura. Y también conoce con certeza que la Junta rechazará el nuevo PGOU y se volverá a la confrontación entre las Administraciones. ¿Por qué toma entonces el PP esta decisión? Quién sabe la razón, pero no sería mucho aventurar interrogarse sobre si le conviene descargarse de la responsabilidad de las demoliciones con vistas a las próximas elecciones.
