Seis meses después de que entrara en vigor el nuevo PGOU de Marbella -que ha devuelto la normalidad urbanística a la ciudad tras 24 años en el limbo- la capital del sol ya siente los efectos de la legalidad. En este tiempo se han regularizado las primeras 227 viviendas del total de 16.500 que ha indultado el plan, se han sorteado las primeras 70 VPO de las últimas dos décadas y se ha demolido la estructura de hormigón del Marbella Golf, todo un símbolo de cómo las tropelías del ladrillo camparon a sus anchas durante la etapa del GIL. La corrupción que se instaló en el ayuntamiento -y que destapó la trama Malaya- llevó en 2006 a la ciudad a perder las competencias urbanísticas en favor de la Junta.
Pero de todo eso sólo queda un reguero de ex cargos públicos que se sientan en el banquillo en el juicio de Malaya, que se retoma el día 13.
El nuevo PGOU ha abierto la puerta a una época de bonanza. Pese a que el planeamiento ha visto la luz en el peor momento, en plena crisis, muchos inversores ya se han interesado por las posibilidades de negocio que abre el plan general -viviendas, hoteles, centros comerciales, aeródromos y hasta circuitos de velocidad-. "Hemos pasado de copar titulares de derribos a ser un lugar seguro para invertir. La seguridad jurídica que da el PGOU ha cambiado el panorama de la ciudad de la noche a la mañana", explica el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.
En general, son más los contentos que los descontentos con el resultado del planeamiento. La Junta respiró al cerrar un largo capítulo de desencuentros y tensiones con el consistorio marbellí -gobernado por el PP desde 2007-. La raíz del enfrentamiento fue el número de viviendas ilegales a regularizar. Se detectaron 18.000 y el ayuntamiento peleó por que todas se incluyeran en el plan, pero la Junta dejó fuera 1.500 (500 están habitadas y la promoción del Banana Beach es la más numerosa).
El consistorio tiene ahora un instrumento para desarrollar las áreas de oportunidad y suelos para distintos usos, además de que recaudará dinero cobrando a los promotores las compensaciones por la legalización de sus promociones. Los vecinos también están satisfechos porque se ha puesto fin al vacío legal que había. "Ahora no existen favoritismos ni aberraciones. Todo el mundo sabe lo que se puede hacer y lo que no", sostiene Alejandro Dogán, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella.
En el otro extremo están los que no están convencidos con el PGOU. "Ha habido un complot para pasar página en Marbella. Sigue habiendo 18.000 viviendas ilegales", critica Rafael Ávila, de la plataforma por el cumplimiento de las sentencias judiciales. A su juicio, el ayuntamiento quiere una "amnistía general" que puede sentar un "horrible precedente". Arremete contra la intención del consistorio de paralizar 900 sentencias de derribo, algo que considera "un disparate". Pero el concejal de Urbanismo alega que esas 900 viviendas quedan regularizadas en el PGOU, "que es una ley", y por eso tilda de "paradoja" el hecho de que los tribunales ordenen derribarlas. El ayuntamiento ha elaborado un dictamen, que ha remitido a los jueces, y también enviará un informe de la situación de cada una de esos inmuebles.
Una vía de ingresos. El ayuntamiento tiene previsto que antes de que acabe el año estén regularizadas unas mil viviendas a través del sistema de compensaciones. Implica que la promotora que quiera legalizar sus casas tiene que hacerse cargo de los costes de los equipamientos, ceder suelo para uso municipal y/o pagar al consistorio por sus excesos. El edil de Urbanismo reconoce que esas multas, que superan el millón de euros, son una inyección "importante" para las maltrechas arcas locales.Pese a la euforia inicial, no hay que olvidar que el éxito o el fracaso del PGOU dependerá en buena parte de cómo fluya el crédito bancario. El plan necesita una inversión de 1.823 millones y el 57% es capital privado. El consistorio confía en que Marbella vuelva a ser el imán que atraiga "a quien tenga dinero".
