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Marchena se resiste a ampliar la protección del conjunto histórico

Más de 200 páginas de datos, fotografías, planos y documentos conforman las alegaciones del Ayuntamiento de Marchena contra la ampliación del conjunto histórico de 18 a 81 hectáreas, algo que considera que contradice la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

el 16 sep 2009 / 04:53 h.

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Más de 200 páginas de datos, fotografías, planos y documentos conforman las alegaciones del Ayuntamiento de Marchena contra la ampliación del conjunto histórico de 18 a 81 hectáreas, algo que considera que contradice la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Se trata de un informe elaborado por juristas y arquitectos del Ayuntamiento de Marchena, donde se advierte que el proceso utilizado por la Delegación Provincial de Cultura está respaldado por un estudio que defiende que bajo el caserío "subyace" la trama urbana del siglo XVI, algo "que no se basa en ninguna prueba real ni documento histórico", según replican los técnicos municipales.

¿Pero qué consecuencias tiene para Marchena este expediente? Entre otras cosas la paralización de licencias de obras en el conjunto histórico, ya que se incrementarán las cautelas y todos los proyectos deberán pasar por un doble tamiz. Esto, precisamente, provocó en los últimos meses, varias manifestaciones de los constructores del municipio.

Para el equipo de gobierno (PA y PP) "resulta anómalo" el procedimiento seguido, porque en un expediente de seis años, al Ayuntamiento de Marchena "sólo se le concede un plazo de 18 días para presentar alegaciones y no se le consulta ni se le informa en ningún momento". Es más, el Ayuntamiento de Marchena sostiene en este informe que no se le permitió consultar parte de la documentación y los dictámenes que justificarían la ampliación.

En 2003, se inició expediente de ampliación del conjunto histórico, proceso detenido poco después "por causas desconocidas". Cinco años y medio después, en septiembre de 2008, se incoó nuevamente un expediente para la ampliación del conjunto histórico sobre el de 2003, "sin revisar ni actualizar los datos y sin justificación de la paralización". Por ello, el equipo de gobierno califica tal hecho como de "sorprendente irregularidad" y afirma que "esta no justificada dilación invalida por completo los posibles fundamentos de una incoación formulada desde supuestos legales, culturales, bibliográficos y documentales ya obsoletos".

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