Local

Márquez queda en libertad con cargo tras dos días declarando ante la jueza Alaya

La Fiscalía ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros.

 

el 04 jul 2012 / 19:26 h.

TAGS:

-->-->-->

Es el primer exalto cargo de la Junta de Andalucía que tras declarar como imputado ante la jueza Mercedes Alaya , que investiga las posibles irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), queda en libertad. Tras dos días declarando, Juan Márquez, el sucesor de Francisco Javier Guerrero, abandonó la sala "satisfecho" después de que ninguna de las acusaciones reclamara su ingreso en prisión, aunque está imputado por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía sí le reclamó una fianza por responsabilidad civil, no para evitar el ingreso en prisión, de 205 milllones de euros, una petición a la que se adhirió tanto el PP como el sindicato Manos Limpias; mientras que la Junta la rebajó a 3,5 millones de euros. Ahora será la jueza la que tendrá que decidir la cuantía.

Márquez abandonó la sala abrazando a su letrado, Manuel Pérez Cuajares, al que preguntó: "¿pero de verdad me puedo ir?". Todo ello tras haber superado una jornada de auténtica batalla dialéctica con la magistrada, quien le dirigió frases como "usted me aburre" o "su falta de conocimiento es llamativa". El hecho es que tras este duro enfrentamiento Alaya, según fuentes del caso, no dio pie a que las acusaciones solicitaran la vistilla necesaria para dilucidar el ingreso en prisión, lo que llevó a las acusaciones a no reclamarlo. Este cambio de actitud se debe, a juicio de Pérez Cuajares, al hecho de que la Audiencia Provincial haya revocado el criterio de la jueza para justificar la prisión, al dejar en libertad al exchófer de Guerrero, considerando que ni existe riesgo de fuga ni peligro de destrucción de pruebas. "Con esta decisión el procedimiento cambia", aseguró el abogado defensor, en referencia a otros exaltos cargos que aún tienen que declarar.

La declaración se reinició ayer con las preguntas sobre los trabajadores incluidos en las pólizas de las empresas FCC y CESPA, a lo que Márquez contestó que ya en noviembre de 2009 existía "la sospecha generalizada de que personas que cobraban las pólizas estaban reinsertadas y seguían cobrando". Sin embargo, el exdirector general no fue capaz de aclarar por qué no se paralizaron los pagos, lo que desató la discusión.

"Quizás no he sido todo lo diligente que debiera haber sido, pero tenía muchos conflictos que atender y a veces había que dar las directrices en los pasillos", admitió Márquez. "Este hombre hace ver lo blanco, negro" y  "hace usted el interrogatorio extremadamente difícil y cansino" , le respondió Alaya, que no pudo amedrantar a Márquez que le replicó, "usted sólo oye lo que quiere oír". La jueza repreguntaba, pero ante las respuestas que recibía le dijo "me resulta usted difícil de entender y de creer", "su falta de conocimiento es llamativa" o incluso que "el lenguaje no es su fuerte". Frases a las que añadió "haga usted el favor de atenderme porque no soy incansable, yo también me canso", o "usted me aburre".

Una de las pocas confesiones que le arrancó a Márquez fue que reconociera que la subvención para Surcolor se concedió en realidad para pagar nóminas y deudas con la Seguridad Social, cuando fue solicitada para hacer frente al parte del pago de las prejubilaciones. "Me está usted alarmando por momentos" , le replicó la jueza, que también le cuestionó por la inclusión en el ERE de Calderinox a los intrusos Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales, y el sindicalista de CCOO Antonio Fernández Garzón. Según Márquez, fue el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, también imputado, el que le pidió que incluyera a Rodríguez Cordobés, mientras que el exdiputado Ramón Díaz, también imputado, "lo conocía. En cuanto a Férnandez Garzón, el exalto cargo explicó que recibió una carta de CCOO solicitándole una póliza para él.

Sobre los 455.000 euros de ayuda otorgados a Calderinox  y a Aglomerados Morell, pese a que un informe de Garrigues advertía que Márquez no podía conceder ayudas superiores a 450.000 euros porque era competencia del consejo rector de IDEA, el exalto cargo dijo que dicho informe  era de una empresa privada y, por tanto, "no es palabra de Dios". Por último, sobre el papel de Díaz, el exdirector general explicó que él "negociaba" con los sindicatos y participaba con las mediadoras en los cálculos de las pólizas.

  • 1