La organización Human Rights Watch (HRW) no dudó el viernes en cargar las tintas contra el Gobierno de Marruecos al que acusó de violar los derechos humanos en el Sáhara Occidental "al detener arbitrariamente a manifestantes y presuntos activistas saharauis, a los que golpean, torturan y obligan a firmar confesiones". Esta acusación se realizó el mismo día en el que Marruecos expresó su "no rechazo" al nombramiento del diplomático Christopher Ross como nuevo enviado especial de Naciones Unidas para ese territorio.
El informe presentado ayer viernes en Rabat por HRW denuncia que las leyes que penalizan los ataques contra la "integridad territorial" marroquí se utilizan en la práctica para "silenciar a la población" y constituyen una violación de los derechos a la libertad de expresión. "Esa legislación es contraria a los compromisos internacionales adquiridos por Marruecos", afirmó la directora para Oriente Medio y Norte de África de HRW, Sarah Leah Whitson, en una conferencia que no estuvo exenta de momentos de tensión protagonizados por periodistas y activistas marroquíes.
El estudio lamenta, además, que a pesar de las mejoras experimentadas en los últimos años en el Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes reprimen también "habitualmente" el derecho a la libertad de asamblea y asociación de quienes defienden la autodeterminación del pueblo saharaui y sus derechos humanos.
El informe, de 216 páginas y titulado La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados de Tinduf, también dedica su atención a los abusos del Frente Polisario en Argelia. HRW reconoce "que los refugiados siguen expuestos a violaciones de sus derechos debido a la situación remota y al limbo legal de los campamentos", y pidió al Polisario que "rinda cuentas por el trato que da a las personas bajo su administración".
Críticas al polisario. Asimismo, advierte de que los independentistas marginan a quienes se oponen a su autoridad y de que aunque "prácticamente no hay indicios de que se restrinja de manera formal o real la salida de los refugiados", deben tomarse "medidas pro activas" para que la población sea consciente de su derecho a abandonar los campos.
HRW pide también a Argelia que se haga responsable del respeto a los derechos humanos en la zona, porque aunque "ha cedido el control de los campamentos, como Estado que acoge a esos refugiados tiene también la obligación de proteger a los que están en estos (campamentos)".
Tras el examen de la situación en ambos territorios, el director ejecutivo de investigación en la zona y otro de los autores del estudio, Eric Goldstein, consideró ayer que HRW "no está para comparar la actuación de unos y otros ni para poner nota, sino para ver lo que queda por hacer".
Ayer mismo, Marruecos expresó su "no rechazo" al nombramiento del diplomático estadounidense Christopher Ross como el nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, alegando que lo que le interesa al país no es quien será el enviado especial, sino cual será su misión. Ross, cuya designación fue aceptada por el Polisario el pasado octubre, debería sustituir al diplomático holandés Peter Van Walsum, cuyo mandato concluyó el pasado 21 de agosto y no ha sido renovado por el secretario general de la ONU.
En referencia a HRW señaló que su Consejo de Seguridad debe garantizar que la presencia de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental incluya la verificación regular de la situación de los derechos humanos, algo que no ha sido aceptado por el Ejecutivo marroquí. "Se trata de un atentado contra la soberanía aluita, porque es un asunto interno y la protección de esos derechos es una responsabilidad nacional", señalaron varios ministros del Gobierno marroquí.
