El informe del Defensor del Pueblo Andaluz mira también hacia lo que denomina "la ciudad heredada" para detenerse en la problemática que afecta a los cascos antiguos de las ciudades y, principalmente, de los municipios más pequeños.
El documento se detiene en las quejas que ha recibido la Oficina del Defensor los últimos años por mobbing inmobiliario para demandar a la administración pública que se preste "una atención especial" al seguimiento de las órdenes de ejecución destinadas a obligar a los propietarios a que mantengan los inmuebles al tiempo que se "refuercen" las ayudas a la rehabilitación en aquellos casos en los que los edificios estén ocupados por arrendatarios en situación de precariedad económica.
La Oficina del Defensor recuerda que, en muchos casos, el objetivo de los propietarios es expulsar a los arrendatarios para después vender o demoler el inmueble y advierte de la necesidad no sólo de conservar los cascos antiguos sino también de mantener "la población que les da su vida y su sentido".
En los pueblos más pequeños la dificultad para concluir expedientes sancionadores encaminados a garantizar la conservación de los inmuebles se incrementa porque los ayuntamientos temen no poder recuperar posteriormente el coste que adelantan para la ejecución subsidiaria y tampoco se atreven "a poner multas coercitivas a una ciudadanía" con la que se relacionan a diario.
Para garantizar el mantenimiento del legado urbano, además de proponer a las corporaciones municipales que asesoren y apoyen a los inquilinos que están sufriendo mobbing, la Oficina del Defensor insta a las administraciones a que pongan en marcha una serie de nuevas medidas para dotar de garantías a los propietarios para que "puedan responder eficazmente frente a los posibles abusos"e incumplimientos de sus arrendatarios.
