La decisión de Educación de retrasar en tres días el adelanto del curso escolar después de haber anunciado que lo adelantaba una semana sobre la fecha tradicional (15 de septiembre) no responde a criterios pedagógicos o a algún tipo de necesidad organizativa sobrevenida.
Que ahora se empiece el jueves día diez de septiembre y no el lunes de esa misma semana no puede interpretarse más que como un gesto de la Consejería con los sindicatos de profesores, cuya oposición al proyecto se hizo manifiesta desde el día que en que se hizo pública. ¿Por qué si no hay que hacer un cambio que, a lo sumo, afectará a la intendencia de los padres, que ahora tienen que pensar dónde dejan a sus hijos esos tres días menos de colegio? Seguramente el motivo sea el mismo que el que se halla detrás de las modificaciones en el decreto que regula el acceso a las guarderías y en el acuerdo sobre la convocatoria de las oposiciones a maestro: la necesidad de mostrarse dialogante para no avivar más enfrentamientos entre los rectores de la política educativa y los sindicatos que defienden los derechos de los profesores.
Educación tiene abiertos numerosos frentes con los docentes y necesita hacer gestos pactistas que eviten la sensación de que se las decisiones se toman por imposición y contra el criterio general de quienes briegan con los alumnos. Poco hay que objetar contra esta cultura del consenso, que evita fricciones sobre la premisa de que todos tienen que ceder en una parte de sus pretensiones, como puede ocurrir en este caso del adelanto del curso escolar. Pero sí que hay que tener cuidado con que esta estrategia pactista conduzca a un escenario en el que la Consejería de Educación termina por abandonar sus proyectos más emblemáticos por la fuerza de los intereses corporativos de un sector de la comunidad educativa cuyos intereses son tan respetables como el de los alumnos a los que prestan sus servicios.