La Guardia Civil ha logrado desmantelar una trama organizada que utilizaba empresas ficticias para que numerosas personas pudieran beneficiarse del cobro de prestaciones por desempleo y ayuda familiar, sin que legalmente les correspondiese. La estafa realizada a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo asciende a varios millones de euros. Han sido detenidos 91 integrantes de la trama e imputadas otras 213 personas en toda la provincia de Cádiz. Entre los detenidos se encuentran los cerebros de la trama, que supuestamente ponían al frente de las falsas empresas a "hombres de paja" seleccionados por su condición de insolventes.
Los detalles de la que se conoce como 'Operación Picones' han sido presentados en una rueda de prensa en la que han intervenido el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, el comandante jefe de Policía Judicial, Luis Martín, y responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo. Todos ellos han destacado la "gran colaboración" entre las distintas administraciones para luchar contra el fraude, ya que este tipo de actividades suponen "un grave perjuicio para la sociedad", en tanto que se trata de fondos públicos destinados a personas que realmente los necesitan.
Según han expuesto, la operación se inició en abril de 2011 en la localidad gaditana de Ubrique, cuando se recibieron varias denuncias en las que algunas personas aseguraban haber sido engañadas en la financiación de bienes de consumo de alto valor, utilizando como garantía nóminas y documentos bancarios que a la larga resultaron ser falsos o sin fondos. El elemento común a todas estas operaciones era un mismo número de personas o empresas afincadas en la zona de Jerez y otras poblaciones de la serranía de Cádiz.
Una vez iniciadas las investigaciones, tuteladas por uno de los Juzgados de Instrucción de la localidad jerezana, se desveló toda una serie de irregularidades en la constitución de empresas simuladas. Al frente de estas empresas estaría un numeroso grupo de los denominados "hombres de paja", que proporcionaban a la Seguridad Social altas ficticias de trabajadores a los que les contaban un determinado periodo de tiempo cotizado, para cobrar subsidios por desempleo. Por estas inscripciones como trabajadores, los nuevos empleados tenían que pagar una cantidad de dinero que variaba en función de los días que fuesen dados de alta.
Del mismo modo, las personas a las que empleaban como testaferros, recibían como compensación pequeñas cantidades de dinero así como invitaciones a copas, gasolina y otros bienes de consumo.
Según comentan, en el curso de la investigación, los agentes actuantes acudieron a un bar de una pequeña localidad en el que supuestamente había 35 trabajadores. Sin embargo, el bar no existía y las personas en cuestión no desarrollaban ningún tipo de actividad laboral.
Se han detectado un total de seis empresas ficticias --una de hostelería y cinco dedicadas a la construcción-- que habrían estado funcionando menos de un año para evitar ser descubiertas. La cuantía de lo defraudado está aún pendiente de ser cuantificado, aunque se estima que asciende a varios millones de euros.
LA ESTAFA MAS NUMEROSA
Según han indicado, no hay antecedentes de una estafa a la Seguridad Social con tantas personas implicadas. Y es que, como se ha señalado, hay 213 imputados y 91 detenidos, a quienes se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y fraude contra la Seguridad Social.
A esto se añade un delito de banda organizada para los presuntos cabecillas: dos hermanos de Jerez que tomarían las decisiones fundamentales y un primo de éstos de Ubrique que haría de comercial. Los tres cuentan con antecedentes por hechos similares. Según han detallado, todos los reseñados son de la provincia de Cádiz y entre ellos no figura ningún empleado público.
La investigación continúa abierta y este mismo jueves se ha procedido a un registro domiciliario en la casa de uno de los cabecillas en Jerez. Los investigadores no descartan detectar algún tipo de asesoramiento específico a estas personas sobre cómo efectuar un fraude de estas características. De ser así, tendrían que responder ante la justicia como posibles inductores del delito o como participantes del mismo.
