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Más de 300 imputados en una operación contra un fraude a la Seguridad Social

La trama organizada utilizaba empresas ficticias para poder beneficiarse del cobro de prestaciones por desempleo y ayuda familiar.

el 07 jun 2012 / 12:39 h.

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La Guardia Civil ha logrado desmantelar una trama organizada que  utilizaba empresas ficticias para que numerosas personas pudieran  beneficiarse del cobro de prestaciones por desempleo y ayuda  familiar, sin que legalmente les correspondiese. La estafa realizada  a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Nacional  de Empleo asciende a varios millones de euros. Han sido detenidos 91  integrantes de la trama e imputadas otras 213 personas en toda la  provincia de Cádiz. Entre los detenidos se encuentran los cerebros de  la trama, que supuestamente ponían al frente de las falsas empresas a  "hombres de paja" seleccionados por su condición de insolventes.

Los detalles de la que se conoce como 'Operación Picones' han sido  presentados en una rueda de prensa en la que han intervenido el  subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, el comandante  jefe de Policía Judicial, Luis Martín, y responsables de la Tesorería  General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo. Todos  ellos han destacado la "gran colaboración" entre las distintas  administraciones para luchar contra el fraude, ya que este tipo de  actividades suponen "un grave perjuicio para la sociedad", en tanto  que se trata de fondos públicos destinados a personas que realmente  los necesitan.   

Según han expuesto, la operación se inició en abril de 2011 en la  localidad gaditana de Ubrique, cuando se recibieron varias denuncias  en las que algunas personas aseguraban haber sido engañadas en la  financiación de bienes de consumo de alto valor, utilizando como  garantía nóminas y documentos bancarios que a la larga resultaron ser  falsos o sin fondos. El elemento común a todas estas operaciones era  un mismo número de personas o empresas afincadas en la zona de Jerez  y otras poblaciones de la serranía de Cádiz.

Una vez iniciadas las investigaciones, tuteladas por uno de los  Juzgados de Instrucción de la localidad jerezana, se desveló toda una  serie de irregularidades en la constitución de empresas simuladas. Al  frente de estas empresas estaría un numeroso grupo de los denominados  "hombres de paja", que proporcionaban a la Seguridad Social altas  ficticias de trabajadores a los que les contaban un determinado  periodo de tiempo cotizado, para cobrar subsidios por desempleo. Por  estas inscripciones como trabajadores, los nuevos empleados tenían  que pagar una cantidad de dinero que variaba en función de los días  que fuesen dados de alta.

Del mismo modo, las personas a las que empleaban como testaferros,  recibían como compensación pequeñas cantidades de dinero así como  invitaciones a copas, gasolina y otros bienes de consumo.

Según comentan, en el curso de la investigación, los agentes  actuantes acudieron a un bar de una pequeña localidad en el que  supuestamente había 35 trabajadores. Sin embargo, el bar no existía y  las personas en cuestión no desarrollaban ningún tipo de actividad  laboral.  

Se han detectado un total de seis empresas ficticias --una de  hostelería y cinco dedicadas a la construcción-- que habrían estado  funcionando menos de un año para evitar ser descubiertas. La cuantía  de lo defraudado está aún pendiente de ser cuantificado, aunque se  estima que asciende a varios millones de euros.  

LA ESTAFA MAS NUMEROSA

Según han indicado, no hay antecedentes de una estafa a la  Seguridad Social con tantas personas implicadas. Y es que, como se ha  señalado, hay 213 imputados y 91 detenidos, a quienes se les imputan  los delitos de estafa, falsedad documental y fraude contra la  Seguridad Social.  

A esto se añade un delito de banda organizada para los presuntos  cabecillas: dos hermanos de Jerez que tomarían las decisiones  fundamentales y un primo de éstos de Ubrique que haría de comercial.  Los tres cuentan con antecedentes por hechos similares. Según han  detallado, todos los reseñados son de la provincia de Cádiz y entre  ellos no figura ningún empleado público.

La investigación continúa abierta y este mismo jueves se ha  procedido a un registro domiciliario en la casa de uno de los  cabecillas en Jerez. Los investigadores no descartan detectar algún  tipo de asesoramiento específico a estas personas sobre cómo efectuar  un fraude de estas características. De ser así, tendrían que  responder ante la justicia como posibles inductores del delito o como  participantes del mismo.  

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