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Más de 600 mujeres maltratadas necesitan control policial por su nivel de riesgo

Ocho son menores. Hay 3.406 casos activos en el sistema de seguimiento integral pero la vigilancia policial solo se establece si se aprecia riesgo de sufrir una agresión.

el 24 nov 2014 / 12:00 h.

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Tienen el móvil de un agente asignado a su caso al que pueden llamar en cualquier momento del día, al tiempo que la Policía contacta con ellas periódicamente para cerciorarse de que están bien y saber si su agresor ha intentado comunicarse con ellas o lo han visto merodeando por su domicilio o su trabajo. 603 mujeres sevillanas víctimas de violencia de género, ocho de ellas menores de edad, cuentan con esta protección policial porque tras una valoración realizada por los profesionales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (VioGen) se aprecia un nivel de riesgo que hace recomendable este contacto asiduo. UNIDAD EN LA POLICÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.El sistema VioGen se puso en marcha en 2007 para aglutinar, en una sola base de datos, toda la información sobre las circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género y coordinar a las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las mujeres, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fiscales, jueces, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer y Servicios Sociales, con el fin de establecer un sistema de avisos, alertas y alarmas que permita reaccionar con rapidez. Por ejemplo, si el agresor tiene algún tipo de medida impuesta y cambia su estado o si la Policía detecta su presencia cerca de la víctima o ella les cuenta que lo ha visto. Con toda la información, y con una herramienta construida a partir de 40.000 casos reales y validada por un equipo de catedráticos universitarios y especialistas de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, se evalúa el riesgo de la víctima de sufrir una agresión: extremo, alto, medio o bajo. En Sevilla hay actualmente 3.406 casos activos en este sistema de seguimiento (19 corresponden a jóvenes entre 14 y 17 años) entre los cuales se aprecia riesgo en 603, que son los que cuentan con protección policial. En concreto, en 505 casos se aprecia un riesgo bajo, en 97 medio y en uno alto. No hay ningún caso activo donde el riesgo se considere extremo (en Andalucía si hay cinco casos), según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fecha 30 de septiembre. El nivel de riesgo se revisa con más o menos frecuencia precisamente en función de éste. Así, cuando es extremo se hace cada 72 horas, cuando es alto cada siete días, cuando es medio cada mes y cuando es bajo cada 60 días. No obstante, también se analiza cuando lo disponga la autoridad judicial o fiscal –en este sistema de seguimiento se ingresa previa denuncia–, o existan nuevas circunstancias que afecten a la víctima o al agresor, por ejemplo, un cambio en las medidas de protección fijadas como las órdenes de alejamiento o incluso una salida de prisión en los casos en los que está condenado. En Sevilla hay 224 agresores cumpliendo penas de internamiento por delitos de violencia de género. Precisamente las órdenes de protección, sean de alejamiento, prohibición de comunicación u otras, son la otra pata del cerco de seguridad que trata de impedir una agresión, en este caso, actuando sobre el maltratador –cuando no está cumpliendo condena a la espera de juicio o no se ha impuesto pena de prisión– por orden judicial. Sin embargo, las estadísticas de los juzgados sevillanos revelan que, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía y el resto de España, se deniegan más de las que se adoptan. Así, en el primer semestre de este año, fueron solicitadas 869 de las que 339 se concedieron mientras que 530 fueron rechazadas. En último extremo, para los casos más complejos, el juez puede incluso imponer al agresor un dispositivo telemático de seguimiento para garantizar que no rompe la orden de alejamiento impuesta, los conocidos brazaletes. A 30 de septiembre, en Sevilla había instalados 25 dispositivos de este tipo. Desde la puesta en marcha de estos dispositivos, en 2009, son muchas las voces de expertos y agentes judiciales que han criticado su escaso uso por los jueces.

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