La mediación de conflictos está ganando terreno a los tribunales a la hora de resolver los casos de impagos de alquiler, que se han disparado por la crisis. Unos 63.691 andaluces han blindado sus contratos de arrendamiento para poder recuperar su piso en 30 días si no les pagan las mensualidades.
La crisis ha multiplicado por tres los casos de inquilinos que dejan de pagar al propietario. Los dueños de pisos temen arrendarlos y esto provoca que haya una gran cantidad de viviendas vacías en toda Andalucía. Hay una fórmula barata y sencilla para eliminar riesgos a la hora de alquilar un piso: someterse al arbitraje de un organismo independiente en la mediación de conflictos. De eso se encarga la Corte de Arbitraje, que se compromete a emitir una sentencia firme, generalmente de desahucio, en un tiempo máximo de 30 días desde que se produce el impago por parte del inquilino. Si no se cumple este plazo, la institución adelanta la indemnización al propietario. Desde 2004, 63.691 andaluces han blindado sus contratos de alquiler con este modelo, por el que han pagado 58 euros.
Hasta 2008, la Corte ha emitido 3.013 laudos en Andalucía -que tiene la misma fuerza que la sentencia de un juez-, prácticamente todos por impagos. Desde que este organismo empezó a enjuiciar, en 1999, los conflictos derivados del alquiler que llegan a los tribunales han bajado, según sus cálculos, un 11%. Estos procesos se demoran normalmente en los juzgados unos nueve meses de media. Son varias las ventajas que ofrece a los dueños de pisos: es una fórmula más barata porque no intervienen abogados o procuradores -sólo los letrados de la Corte- y asegura la recuperación rápida de la vivienda, algo que ni el aval ni el seguro, mucho más costosos, pueden garantizar.
Casi mil inmobiliarias en Andalucía ofrecen ya esta garantía de alquiler, que deben firmar, adjunta al contrato, las dos partes, propietario e inquilino. Estos últimos también ven protegidos sus derechos, aunque mayoritariamente los afectados suelen ser los propietarios. Cuando el arrendador denuncia que llevan dos meses sin pagarle la cuota de la casa -lo que marca la ley para empezar a actuar-, la reclamación pasa al departamento comercial de la Corte de Arbitraje, que primero comprueba que esto es así. Luego se pone en contacto con el demandado, al que le da la oportunidad de aportar sus pruebas. Una vez recopilados todos los datos, se asigna un árbitro -todos son abogados en ejercicio y colegiados-. En 30 días tiene que estar dictada la sentencia. Si no se produce el fallo a tiempo es cuando la institución adelanta la indemnización. Tal es la fuerza jurídica del laudo que un magistrado no puede volver a juzgar un caso ya resuelto por la Corte.
Desde este organismo aseguran que siempre ha habido "verdaderos profesionales del impago", pero que ahora la crisis económica ha disparado los casos de morosidad, por eso son muchos los ciudadanos que no quieren pillarse los dedos y recurren a los contratos blindados para arrendar sus pisos.
