Era previsible. Los 1.800 funcionarios de Justicia están reclamando masivamente la devolución de la paga extra de Navidad de 2012 después de que el juzgado de lo Contencioso número 10 de Sevilla dictara una sentencia, que es firme, en la que ordenaba a la Junta de Andalucía a que efectuara el pago a un funcionario que acudió a los tribunales. Ya son 850 las demandas presentadas y el sindicato CSIF, que fue el que ganó la sentencia, ya tiene preparadas otras 200. El juzgado ha tenido incluso que pedir un refuerzo, aunque por el momento no tienen respuesta de la Administración.
La sentencia de este juzgado, ratificada esta misma semana al desestimarse un incidente de nulidad planteado por la Junta, ha sido toda una revolución entre los funcionarios. Sirva como ejemplo que el fallo fue dictado el 11 de noviembre de 2013 y solo en mes y medio, es decir hasta final de año, en el órgano judicial se recibieron 735 demandas de empleados públicos de toda la provincia solicitando la extensión de sentencia. En lo que va de año, en el juzgado se han contabilizado, 115, según confirmaron fuentes judiciales, aunque ya, solo en el sindicato CSIF tienen otras 200 casi listas para entregar y siguen trabajando para presentar más a lo largo del año.
Y es que, aunque la sentencia se produjo tras la demanda presentada por José María Aguilera, entonces secretario del Juzgado de Paz de La Rinconada y ahora funcionario del Decanato de Sevilla, no solo le beneficia a él sino a todos los funcionarios de Justicia de la provincia que tienen un año de plazo para adherirse a este sentencia. En cambio, el resto de funcionarios de la administración de Justicia no podrán solicitarla, porque el juzgado sólo tiene competencia provincial, aunque sí pueden utilizar esta sentencia como precedente en un procedimiento judicial.
Así que esto es solo el principio, señaló Águila Fernández, delegada de Justicia del CSIF en Sevilla. Por ello, en el juzgado se están viendo desbordados por este caso y temen que la situación vaya a peor. Hemos pedido un funcionario de refuerzo para que se encargue de este tema, pero por ahora no nos han contestado, señalaron desde el juzgado.
La extensión de sentencia no es un procedimiento complicado, pero requiere de una tramitación, el problema es que son muchísimos casos y los que quedan por venir. Además, más de una demanda tiene que ser devuelta por el juzgado porque tiene algún defecto de forma, lo que genera aún más trámites. En concreto, junto a la demanda, los funcionarios deben acreditar que su situación es la misma que el beneficiario, tras lo que el juzgado debe reclamar a la administración pertinente, en este caso la Junta de Andalucía, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión solicitada. El siguiente paso es solicitar alegaciones a dicho informe al demandante, tras lo que el juez debe resolver por medio de un auto si procede la demanda.
En algunos casos, el juzgado tiene, además, que citar a los funcionarios para apoderar al abogado que los representa. Es el caso de una funcionaria de la Fiscalía sevillana, que ya acudido a realizar este trámite: Me puse en contacto con mi sindicato, el CSIF, y al poco tiempo me llamaron del juzgado para que otorgara poderes a su letrado, explicó. Como ella, casi todos sus compañeros han reclamado ya su paga, no así en el Juzgado de lo Contencioso 10, donde algunos empleados aún no se han decidido. Eso sí, las solicitudes que presenten ellos no podrán ser resueltas por su juez, Luis Alfredo de Diego y Díez, que tendrá que inhibirse en favor de otro magistrado.
La mayoría de las demandas están siendo formuladas por este sindicato, mayoritario entre los funcionarios de Justicia, que es el que ganó la sentencia. De hecho, de las 850 registradas ya en el juzgado, más de 600 están siendo llevadas por el abogado del CSIF. No obstante, nos están llegando solicitudes de todos los sindicatos con representación en la Junta de Personal, pero también de funcionarios que lo están haciendo a título individual con su abogado, indicaron en el juzgado.
El reguero de demandas, hasta el 11 de noviembre de este año, será constante, más cuando el juzgado ha rechazado el incidente de nulidad, paso previo para poder acudir al Tribunal Constitucional en amparo, planteado por la Junta. Ahora, la única vía que le queda es acudir al Tribunal Supremo por interés de ley, es decir, alegando la imposibilidad de pagar las extras por un interés superior, ya que para 2014 mantendrá las pagas recortadas. Sin embargo, si el Supremo no aceptara esta petición, el efecto podría ser peor, pues entonces tendrían derecho a solicitar la extensión de sentencia todos los funcionarios de Justicia del país, al ser un órgano con competencia nacional. Si aceptara el recurso, el único que cobraría es el primer funcionario que denunció.
En las dependencias del sindicato CSIF en los juzgados, en el edificio Viapol, trabajan a destajo para atender a todos los afiliados que quieren reclamar su paga extra. Son muchos casos, pero aquí estamos dispuestos a atender a todos los compañeros a los que, además, animamos a que reclamen lo que les corresponde, señaló Águila Fernández, delegada de Justicia del CSIF en Sevilla. De hecho, uno de los delegados del sindicato se están encargando de llamar a los funcionarios de la provincia para indicarles la documentación que tienen que aportar para adjuntarla a la demanda. En otra mesa, otra de las delegadas se encarga de recoger las nóminas, muchas de ellas les llegan por correo, para adjuntarlas a las demandas. En varias cajas, guardan las demandas que ya se han presentado, mientras que en otra mesa guardan las que están para entregar. Tenemos hasta carritos de la compra para ir recogiendo los papeles de los compañeros, añadió. Fernández recordó que los empleados públicos tienen un año para solicitar la extensión. Ya llevamos más de 600 y tenemos otras 200 para entregar y dispuestos a seguir trabajando con nuestro abogado, aseguró.
