La Guardia Civil detuvo a lo largo de la mañana del jueves a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la operación Guateque.
En este caso de corrupción se investiga una trama de trabajadores municipales para cobrar comisiones a cambio de agilizar la concesión de licencias urbanísticas, y en una primera fase desarrollada en noviembre fueron detenidos 16 funcionarios y técnicos municipales, además de un empresario.
En principio, a los implicados se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Fuentes de la Benemérita apuntaron que "no se descarta que se produzcan más detenciones en los próximos días".
Las detenciones se han practicado en las juntas municipales de los distritos de Salamanca, Chamartín y Carabanchel, además de en la Gerencia de Urbanismo y en la Concejalía de Medio Ambiente. En todas estas sedes se han llevado a cabo registros, además de en la Junta Municipal de Retiro, lugares en los que los investigadores se han incautado de material informático y diversa documentación.
El titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Santiago Torres, ha ordenado la práctica de estas diligencias, tras las desarrolladas el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidas 17 personas en relación con el cobro de comisiones para la obtención de licencias municipales.
Varios delitos. Los detenidos fueron acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa por formar supuestamente parte de una trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales de "todo tipo". Además, otros cinco funcionarios fueron imputados en la causa.
El día en el que se inició la operación, el pasado 14 de noviembre, se produjeron también más de una decena de registros en diferentes dependencias municipales y en domicilios de los arrestados, en los que se intervino abundante documentación que sigue siendo analizada.
La investigación, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez.
