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Más garantías para la apuesta por las VPO

La firma, ayer, del convenio para la financiación de la construcción y adquisición de viviendas protegidas en Andalucía despeja las dudas suscitadas en torno al cumplimiento del plan de las VPO por la crisis de liquidez que azota al sistema bancario.

el 15 sep 2009 / 18:37 h.

La firma, ayer, del convenio para la financiación de la construcción y adquisición de viviendas protegidas en Andalucía despeja las dudas suscitadas en torno al cumplimiento del plan de las VPO por la crisis de liquidez que azota al sistema bancario. El Gobierno andaluz había hecho una apuesta muy ambiciosa para la puesta en marcha de 132.000 nuevas viviendas y para 135.000 intervenciones de rehabilitación de inmuebles entre este 2008 y el año 2012. Pues bien, el grado de cumplimiento de ese plan no sólo dependía de la inversión pública, sino que requería también el apoyo de las entidades financieras, un respaldo que la crisis había puesto en peligro. El convenio firmado con 33 bancos y cajas garantiza que los promotores y los futuros adquirentes de VPO tengan liquidez. Las entidades financieras se comprometen a dotar este plan con 9.550 millones de euros. En el caso de los que promueven las viviendas, el beneficio es obvio, pues se les abren las líneas de crédito que requieren para la comisión de sus operaciones. En cuanto a los aspirantes a una VPO, acota las posibilidades de que, tras conseguir una de ellas, se encuentren con que no tienen una entidad que les conceda el préstamo. A cambio, sí que tendrán que cumplir con requisitos tales como no tener impagos anteriores o hipotecas que supongan más del 40% de sus ingresos o bien que el dinero que les reste después de pagar su cuota sea superior al Salario Mínimo Interprofesional (600 euros). Alguien podría argumentar que las relaciones que adopten bancos y cajas con los adquirentes de estas VPO pertenecen al ámbito de la relación entre las entidades y sus clientes y que, por tanto, no tienen porqué ser reguladas por la Junta, pero en ese caso no tendrían en cuenta el valor público de un convenio que, si alcanza sus objetivos, responderá a una necesidad básica de miles de andaluces y cumplirá con un derecho constitucional: el de tener acceso a una vivienda digna.

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