La recién nombrada ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aprovechó ayer la celebración del Consejo Territorial de Dependencia para acabar con un sinsentido que apuntaba maneras de agravio comparativo: la actual distribución de fondos a las comunidades autónomas para el desarrollo de la Ley de Dependencia. Dos años después de su entrada en vigor, la puesta en marcha de una norma que aspira a convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar se está aplicando de forma desigual según el territorio desde el que se contemple. Así, hay regiones como Andalucía, Cataluña, Navarra o La Rioja que presentan un alto nivel de atención a dependientes y que están haciendo sus deberes para la ampliación de esta ayuda. Pero, por contra, hay otras comunidades como Madrid o Valencia cuyos niveles de ejecución de la ley son irrisorios. Pues bien, hasta ahora, todo el dinero que el Estado cedía a las comunidades autónomas para la aplicación de la ley se repartía de modo proporcional y en función de la población de cada uno de los territorios. El criterio era razonable, pero se desvirtuó desde el mismo momento que se comprobó que se estaba dando el mismo dinero a las comunidades que cumplían con la ley y a las que se mostraban remisas a aplicarla. El Consejo Territorial de Dependencia celebrado ayer en Madrid da un paso sustancial para acabar con esta situación discriminatoria, pues dará más dinero a las CCAA que estén prestando más servicio a sus dependientes. Como muestra de esta intención, Andalucía será la región que más dinero reciba del denominado fondo de nivel acordado. Con esta decisión no se acaba con los problemas suscitados en la aplicación de una ley que ha demostrado ser tan bienintencionada como difícil de aplicar, pero al menos introduce criterios de racionalidad y sentido común que se echaban en falta y avala los esfuerzos realizados por comunidades como la andaluza, que sí ha creído desde un principio en sus virtudes.
