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Más religión y menos educación

Últimamente la Sala tercera del TSJA nos viene sorprendiendo con una serie de sentencias en las que, saltándose sus propias atribuciones y rozando el disparate jurídico, parece intentar dinamitar todo el sistema educativo andaluz, por su relación con la religión católica.

el 15 sep 2009 / 05:42 h.

Últimamente la Sala tercera del TSJA nos viene sorprendiendo con una serie de sentencias en las que, saltándose sus propias atribuciones y rozando el disparate jurídico, parece intentar dinamitar todo el sistema educativo andaluz, por su relación con la religión católica. Todas estas decisiones vienen a colocar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus convicciones religiosas como el más importante de los derechos fundamentales y único trascendente.

La última de ellas viene a reconocer el derecho de unos padres a escolarizar a sus hijos en un determinado colegio religioso de su barrio, incluso aunque el centro estaba saturado, conforme al máximo de niños que permite la ley en cada aula.

Es una aberración, porque la Constitución no reconoce tal derecho a elegir centro. Habla tan sólo del de recibir educación religiosa conforme a las convicciones paternas. Eso implicaría elegir centro sólo cuando determinado colegio tenga en su ideario religioso especialidades que lo diferencian del resto. Los padres deberían haber probado, además, que esas son sus convicciones. Y en todo caso, los alumnos sólo tendrían acceso al centro si quedan plazas vacantes conforme a las normas educativas dictadas por la administración competente.

Nada de eso sucede en este caso. Con un desprecio absoluto al razonamiento jurídico, imponiendo sus propias convicciones sobre la ley en vigor, la Sala del TSJA ha dictado una sentencia de brocha gorda que parece sacada de una arenga religiosa.

Un Estado democrático ha de garantizar el acceso de todos los niños a una educación de calidad que les permita el libre desarrollo de su personalidad. Eso exige que haya suficientes colegios públicos de calidad. Y la calidad, evidentemente, excluye la masificación. Si los jueces de la Sala tercera del TSJA ni siquiera saben aplicar las leyes, menos aún deben saber de pedagogía. No parece que por el mero hecho de llevar toga y puñetas sean los más adecuados, en un Estado de Derecho, para decidir cuantos alumnos puede haber de máximo en un aula sin que se resienta el aprendizaje. Eso corresponde a la administración mediante los correspondientes informes técnicos y al legislador que, por encima de los jueces, estableció una ratio determinada.

Al colocar al derecho de que los hijos reciban la educación religiosa que decidan sus padres en las cúspide del sistema constitucional, y con la sandez de equipararlo al derecho a elegir cualquier centro educativo (privado, evidentemente, porque los centros públicos no tienen más ideario ni más convicciones que la Constitución) la Sentencia viene a anteponerlo sobre el derecho a recibir una educación de calidad. Da igual que nuestros niños aprendan poco, pero que aprendan religión.

Seguramente la Sala no ha dictado una resolución tan descaradamente injusta a sabiendas. Bien al contrario, da la impresión de que, como todos los fanáticos religiosos, estos magistrados están convencidos de haber dictado la resolución más justa posible: la que permite el acceso a la única religión verdadera.

El ciudadano andaluz, que a estas alturas, se estará preguntando si estos señores pasaron la escuela judicial en el Afganistán de los talibanes, no debe descartar que en su próxima sentencia el TSJ ordene aplicar directamente los diez mandamientos en vez de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esta vez va en serio lo de que Dios nos coja confesados.

Profesor de Derecho Constitucional

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