El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió ayer que España crecerá en 2008 por debajo del dos por ciento y anunció 21 medidas para la reactivación de la economía española. El catálogo incluye propuestas para la contención de los salarios de los altos cargos públicos, ayudas para la renovación de viviendas, infraestructuras hoteleras y vehículos y propuestas liberalizadoras en los transportes de mercancías por tren y en los aeropuertos. En principio, poco se puede objetar con respecto a las intenciones de este plan. El presidente sigue sin definir la situación como de crisis, pero al menos reconoce que España atraviesa dificultades "serias" y, ante la evidencia, decide retomar la iniciativa política con una batería de medidas que al menos diluyen la sensación, cada día más acrecentada, de que el Gobierno actuaba como un sujeto inerme y sin ideas, incapaz de mitigar los efectos de la desaceleración. En cuanto a las actuaciones, tal vez habría que distinguir entre lo sustancial y lo que, por el contrario, se incluiría en el apartado de aquellas acciones de márketing político cuyo objetivo es trasladar un mensaje de austeridad a la opinión pública. Entre las medidas de calado se contarían los 35.000 millones de euros que se destinarán entre 2009 y 2010 a la financiación de pequeñas y medianas empresas y de viviendas de protección oficial (VPO) o los 4.000 millones que se dedicarán a las rehabilitaciones. Más dudas genera la supresión en 20 millones del gasto corriente del Estado (una cantidad que no deja de ser anecdótica, pero que se vende bien a la ciudadanía) o el propio anuncio de la congelación de los salarios de los altos cargos, pues la clave aquí no es el sueldo que tengan sino el desproporcionado aumento del número de directivos y cargos de confianza que trabajan unas Administraciones y empresas públicas cada vez más mastodónticas.
