El portavoz del Gobierno y el consejero de la Presidencia, ayer
En Andalucía existen un total de 691 procedimientos administrativos a superar para iniciar o desarrollar una actividad económica. De éstos, se han simplificado 156. Medio millar de trámites burocráticos siguen vigentes y pendientes de revisar o simplificar. Son datos que aparecen en un informe, analizado ayer por el Consejo de Gobierno, que estudia posible mejoras en la regulación de las actividades económicas en Andalucía. El Ejecutivo andaluz se ha comprometido a registrar en el Parlamento en el primer trimestre del año una nueva ley para simplificar las barreras burocráticas que encuentran inversiones y empresas. El diagnóstico es claro: en Andalucía persisten 535 procedimientos de autorización que limitan la actividad económica. La mayoría (63,5%) afectan al inicio de la actividad, frente al 36,5% que se concentran en realizar controles posteriores en la vida de cada negocio.
La promesa de simplificar al máximo los trámites administrativos no es nueva. Ya en 2008, al calor de la normativa europea, el Gobierno andaluz prometió un ambicioso plan para eliminar trabas burocráticas, que supondría anunciaron entonces un ahorro de hasta 2.000 millones de euros y la supresión de más de 159 trámites. Cinco años después, el informe elaborado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía arroja pocas novedades y propósitos muy similares a los anunciados hace cinco años. Promesas como una ventanilla única para que una empresa se pueda crear en 24 horas o la puesta en marcha de la declaración responsable, que permite poner en marcha una actividad antes de que se complete todo el papeleo en la administración siguen funcionar o sin dar el resultado esperado. En medio, una crisis mundial ha vuelto a poner el foco en las barreras innecesarias que hacen peligrar proyectos empresariales generadores empleo en una comunidad con millón y medio de parados. La consigna es siempre la misma: que ningún proyecto de inversión se pierda por problemas con la burocracia.
El Gobierno andaluz ha puesto en marcha un grupo de trabajo que ha identificado todos los procedimientos de autorización vinculados con la actividad económica. El 54,5% de los 156 procedimientos que se han suprimido o agilizado hasta ahora corresponden con normativa exclusivamente autonómica. Ahora, la Junta, como paso previo a la ley, elabora un catálogo o mapa de estos trámites. Se eliminarán aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas y se simplificarán los requisitos para la creación de empresas. Además el Gobierno se volverá a sentar con la patronal y los sindicatos (CEA, CCOO y UGT) para consensuar el futuro proyecto de ley.
Del más de medio millar de trámites identificados y que siguen vigentes para poner en marcha una empresa, más de la mitad (315) dependen del Gobierno central y se corresponden con normativa estatal. La Junta ha pedido que se prioricen aquellos que afecten a sectores con mayor peso en la economía andaluza.
El informe, difundido ayer por el Ejecutivo autonómico, no ofrece datos sobre cuánto es el tiempo medio para crear una empresa en Andalucía o en que posición está la comunidad en relación a otras. Sí que alude a un reciente informe del Banco Mundial (Doing Business) que sitúa a España en el puesto 142 de 189 en cuanto a la facilidad para crear una empresa.Ha empeorado seis posiciones respecto al año anterior. Se necesitan 10 procedimientos y 23 días de media para crear una empresa, el doble que en los países de la OCDE (5 procedimientos, 11,1 días).Está previsto que este informe se desagregue para ofrecer datos de las distintas comunidades autónomas. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, eludió durante su comparecencia brindar información sobre Andalucía y aseguró que está en la media del resto del país.
De nuevo, Andalucía legisla en esta materia a rebufo de una norma estatal, la ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobada el pasado diciembre y que otorga un plazo de seis meses para que se adapte toda la legislación a nueva norma. La Junta, en su informe, plantea dudas sobre la constitucionalidad de la norma, al considerar que podría menoscabar competencias de las autonomías. La ley nacional identifica 2.700 normas estatales y autonómicas (un 70%) que suponen barreras. La futura norma andaluza, según anticipa el documento de la Junta, también apretará las tuercas a los ayuntamientos. Se plantea que se revalúen las ordenanzas locales de actividades económicas en los municipios de mayor tamaño y se evaluarán las licencias urbanísticas para introducir mecanismos que acorten todos estos trámites. La Junta además controlará que no se sumen nuevos trámites y la Agencia de la Competencia vigilará que se cumpla la reducción de trabas burocráticas.
