Si la investigación por la supuesta venta fraudulenta del suelo de Mercasevilla a Sando no estaba suficientemente enrevesada, la declaración de Antonio Pardal en marzo la complicó aún más. El responsable de Larena 98 aludió ante la juez a reuniones con Manuel Marchena y el alcalde en la que se le ofrecieron contratos irregulares; a una factura falsa que le obligó a realizar Mellet y al pago de comisiones anteriores a que se destapara el caso. Databan estos hechos de 2004. Mellet le respondió por escrito.
Lo negó todo. Mellet aseguró que la supuesta factura falsa nunca se llegó a abonar porque el servicio -un estudio de detalle para una ITV- lo pagó Mercasevilla y porque el pago que debía hacer Larena, según su representante, de modo irregular no se llegó a efectuar. Afirmó también que no existieron reuniones ni conversaciones en las que participaran el alcalde, Marchena o Alfonso Seoane; que no hubo promesas de futuros contratos a Larena, como el de la ITV, con la presencia del ex director general de Empleo; y que la rescisión del contrato con Larena 98 no tuvo el objetivo de darle el derecho de concesión a Sando para que tuviera ventaja en la venta de Mercasevilla, sino el de responder a un incumplimiento del contrato.
"Pardal ha intentado hacer ver que todo el Ayuntamiento está corrupto. Su afirmación es burda y falaz (...). Sustentar la causa en este personaje demuestra la ausencia de indicios", apuntó Mellet.
Pese a esto, la juez le respondió con una batería de preguntas que quedaron en el aire y que revelan una línea de actuación definida: "¿Hay una relación continuada entre la Gerencia de Urbanismo y Mercasevilla, entre usted y Marchena? ¿No fue él quién guió sus pasos para la rescisión del contrato a Larena 98 que dio a Sando una situación de privilegio que se tradujo en la concesión de licencias?".
Contra este planteamiento arremetió, con vehemencia, el escrito de Mellet. Puso en duda la labor de la juez y la deriva que ha tomado el caso que se inició con una grabación de una petición de comisiones: "Aplica conceptos jurídicamente erróneos, da por sentadas ilegalidades que no existen, por aplicadas normas inaplicables, toma partido por tesis jurídicas que no son ciertas y las hace valer como verdades inmutables a testigos y peritos para determinar sus respuestas". El ex director general dio un paso más en esta crítica y lanzó un reto a la magistrada: "Si realmente existe esa conspiración del Ayuntamiento, yo sería un actor secundario, y estaría la instructora obligada a imputar al consejo de administración, con el PP incluido, a los representantes de Mercasa, al interventor, al secretario y a las empresas que concursaron".
Con este tipo de afirmaciones, Mellet no sólo intentó eludir responsabilidades, sino trasladar una imagen de víctima. Durante su declaración alegó un "trato discriminatorio" y un "daño" a su familia por determinadas acusaciones que se han vertido y que afectan a su esposa. Lo atribuyó a lo que calificó de "cacería jurídica, política y mediática": "Se me considera culpable, no ya de lo que se imputa, sino de todo lo que aparezca tras una interminable e incontrolada búsqueda en una causa general en la que se fulminan mis derechos fundamentales (...) Los partidos quieren dilatar las diligencias para poder vender entonces mi cabeza como un arma electoral".
