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Mellet se querella contra los empresarios que grabaron el presunto cohecho

Los dos empresarios del Grupo La Raza grabaron la conversación en la que supuestamente Mellet y Daniel Ponce les habrían pedido dinero a cambio de la gestión de la futura escuela de hostelería.

el 06 mar 2012 / 10:19 h.

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El exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet se ha  querellado por supuestos delitos contra la intimidad y la propia  imagen contra los dos empresarios que grabaron la conversación en la  que supuestamente Mellet y su antiguo director adjunto, Daniel Ponce,  les habrían pedido 450.000 euros a cambio de la adjudicación de la  gestión de la futura escuela de hostelería del mercado central, ya  que entiende que la grabación "se realizó de forma subrepticia, sin  autorización judicial alguna, sin consentimiento de los  participantes, que desconocían la utilización del artefacto de  grabación, y mediante un ardid que disfrazaba las verdaderas  intenciones" de los querellados.  

El propio abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha informado a  Europa Press de que fue el pasado viernes cuando presentó la  querella, de 53 folios, ya que considera, en primer lugar, que ambos  empresarios, José Ignacio de Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, habrían  incurrido en un delito contra la intimidad y de revelación de  secretos, "tanto en el momento anterior como en el momento posterior  de la grabación, es decir, en su utilización para terceros en este  caso para presentarla en el Juzgado sin consentimiento del otro  interlocutor de la grabación, y en su posterior difusión con  finalidades políticas".  

Hay que recordar que, en esta causa, que fue instruida por la juez  de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, están ya procesados y  acusados, además de Mellet y Ponce, el exdelegado provincial de la  Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira,  coordinadora de proyectos de la ya extinta fundación socioasistencial  de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los  cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión  de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un  presunto delito de cohecho.  

Según señala el letrado, los querellados "se apoderan de la  conversación y de un contenido que se ha utilizado en perjuicio de  Fernando Mellet, datos que difundieron a terceros y que otros,  igualmente, difundieron a la opinión pública", añadiendo que, en el  caso presente, "la forma de proceder" de ambos empresarios del Grupo  La Raza "revela el conocimiento de la antijuricidad de su conducta y  la concurrencia del dolo en su proceder".  

A continuación, José Manuel Carrión argumenta en la querella que  la actuación de los empresarios "se entiende como una intromisión en  la intimidad" de su patrocinado, "y ello es así porque no cabe duda  de que el despacho profesional de Mellet donde éste celebraba sus  reuniones pertenece a su esfera íntima", agregando que "una  determinada forma de captación de la información "puede llegar a  producir al mismo tiempo tanto una intromisión ilegítima en la  intimidad como una vulneración del derecho a la propia imagen, o  incluso una lesión al derecho al honor".

GRABACION "SUBREPTICIA"

Al hilo de ello, pone de manifiesto que, en el presente caso, "la  dimensión lesiva de la conducta se proyecta sobre el derecho a la  intimidad y el derecho a la propia imagen, sin que se ponga en  cuestión la posible afección del derecho al honor", porque "lo que  cobra relieve aquí no es el contenido estricto de la información  obtenida, sino cómo se ha recogido y registrado mediante grabación  subrepticia, y el lugar donde se ha llevado a cabo, el reducto  reservado de un despacho profesional como gerente de una empresa".

Para defender sus tesis, el abogado del exdirector general de  Mercasevilla hace mención a la doctrina del Tribunal Europeo de  Derechos Humanos, que ha señalado que "sería muy restrictivo limitar  la noción de vida privada protegida a un 'círculo íntimo' en el que  el individuo puede conducir su vida personal a su manera y excluir  plenamente el mundo exterior no incluido en este círculo", ya que "no  puede desconocerse que también en otros ámbitos, y en particular en  el relacionado con el trabajo o la profesión, se desarrollan  relaciones interpersonales, vínculos o actuaciones que pueden  constituir manifestación de la vida privada".  

Prosigue el letrado que, "conforme al criterio de expectativa  razonable de no ser escuchado u observado por terceras personas,  resulta patente que una conversación mantenida en un lugar  específicamente ordenado a asegurar la discreción de lo hablado, como  ocurre por ejemplo en el despacho donde se realizan las actuaciones  profesionales de Fernando Mellet, pertenece al ámbito de la  intimidad".

"ARDID O ENGAÑO"

A su juicio, "es evidente que la utilización de un dispositivo  oculto de captación de la voz se basa en un ardid o engaño que se  despliega simulando una identidad oportuna según el contexto, para  poder acceder a un ámbito reservado de la persona afectada con la  finalidad de grabar su comportamiento o actuación desinhibida,  provocar sus comentarios y reacciones así como registrar  subrepticiamente declaraciones sobre hechos o personas, que no es  seguro que hubiera podido lograr si se hubiera presentado con su  verdadera identidad y con sus auténticas intenciones".

Tras referir una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), el  abogado concluye que, "en el caso de una grabación oculta como la que  aquí nos ocupa, la captación de la voz intensifica la vulneración del  derecho a la propia imagen mediante la captación inconsentida de  específicos rasgos distintivos de la persona que hacen más fácil su  identificación".  

"No existiendo consentimiento expreso, válido y eficaz prestado  por el titular del derecho afectado, es forzoso entender que hubo una  intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad  personal y que el mismo es constitutivo de delito, circunstancia por  la cual se interpone la querella", finaliza el abogado de Mellet, que  señala que otra reciente sentencia del TC, dictada el 30 de enero de  2012, "afirma lo anteriormente manifestado, lo cual es absolutamente  coincidente con el objeto de la querella interpuesta".

EL CASO, PENDIENTE DEL TSJA

Conviene recordar que la Audiencia Provincial, en un auto dictado  el pasado mes de enero, confirmó la canalización del caso por el  procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado y desestimó las  peticiones de nulidad relativas a la grabación sonora que dio lugar a  la causa, lo que ha sido recurrido tanto por Mellet como por Ponce  ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que deberá  decidir al respecto antes de fijarse, finalmente, la fecha para el  juicio.

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