Esta campaña electoral tan dilatada que llevamos a las espaldas está siendo propicia para que las dos opciones mayoritarias se vean obligadas a perfilar cada vez más en detalle sus propuestas. No digo que esto signifique necesariamente que los programas de gobierno ganen en coherencia, sino que, simplemente, en las sucesivas ruedas de preguntas, repreguntas y respuestas los candidatos terminan por decir todo lo que verdaderamente piensan, si bien economizando las propuestas más duras de tragar. A todos se nos ocurren ejemplos. Yo, por deformación profesional y por afición, me quedo con una familia de mensajes económicos lanzados urbi et orbi por el principal partido de la oposición, los que abogan por la reducción del papel del estado en la economía, como regla general y en particular para abordar las turbulencias que se anuncian a corto plazo. Así, durante los últimos meses han insistido en la cara más amable de este adelgazamiento de lo público, esto es, la bajada de impuestos como mejor (y casi único) estímulo de los males económicos. Esto es altamente cuestionable y más en la versión dogmática en la que se viene administrando: llevado al límite esto implicaría necesariamente que a menos impuestos mejores indicadores socieconómicos y, en general, mayor bienestar. Una simple mirada a los datos comparados muestra que esto es justo al contrario.
Pero, a estas alturas del debate, esto no es lo que más asusta, sino la propuesta que ha venido dejándose caer aquí y allá, y que se explicitó a pecho descubierto en el último gran debate, de utilizar como arma contra la subida de precios el recorte del gasto público. Esto puede gustar o no, pero termina, ahora sí, por hacer cuadrar el programa conservador: reduzcamos lo público porque el sector privado siempre ofrecerá los servicios que demandemos a un precio que podremos pagar? al menos nosotros. O dicho de otro modo: menos estado para los que menos lo necesitan. Como no es absurdo pensar que habrá quien sí lo necesite, procede, en esta línea, preguntarse qué partidas de gasto van a ser las primeras en ser eliminadas en esta carrera. Lo cierto es que el resto del programa conservador, o bien calla en el tema de las políticas sociales, o bien se limita a hacer propuestas muy vagas, o, finalmente, no tienen reparos en abogar por la sustitución de la oferta pública por la privada en ámbitos como la educación, sanidad o asistencia social. La conclusión que uno debería sacar (ya sé que no es un gran descubrimiento) es que la tijera comenzará a meterse por este apartado.
Una acción tal ataca a uno de los que se ha venido admitiendo como papeles básicos del estado en las sociedades modernas, la redistribución de las rentas y la reducción de las desigualdades. Esto tiene que ser explicitado. Es infantil pretender como regla general que las bajadas de impuestos no van a afectar negativamente a la recaudación, menos aún en una situación de menor crecimiento. Por eso, es exigible una pormenorización de políticas y colectivos potencialmente afectados por los anunciados recortes tanto de ingresos como de gastos públicos. Sólo de esa manera podremos hacernos cargo de cómo afecta esto a la distribución de la renta y del bienestar y decidir si queremos avalarlo con nuestro voto.
Catedrático de Hacienda Pública. jsanchezm@uma.es
