Economía

Menos trámites y más poder de decisión para las cooperativas

La Junta autoriza iniciar la tramitación del proyecto de ley de estas sociedades.

el 15 mar 2011 / 21:02 h.

La ley permitirá reforzar su capacidad competitiva.

El Consejo de Gobierno acordó ayer iniciar los trámites del proyecto de la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que reforzará la capacidad competitiva y atenderá las demandas de este sector estratégico en la economía regional, según informó el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, quien confió en que antes de que acabe el año esté aprobada por el Parlamento.

Andalucía es actualmente la segunda comunidad en número de cooperativas, con más de 4.500, y mantiene el liderazgo nacional en cuanto a empleo (unos 56.000 trabajadores).

La futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1999, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear estas sociedades, incorporar socios, generar empleo, mejorar la flexibilidad interna y otorgar una mayor libertad en la distribución de los beneficios, según Ávila, quien apuntó que también permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.

En este último aspecto, existe la opción de la contratación en cooperativas de trabajo siempre que los empleados rechacen ser socios. No es el único escenario posible. Se abre la vía de retribuir a la presidencia y secretaría; instaurar de manera voluntaria el voto plural ponderado para cooperativas agrarias en función de la actividad de los socios y la opción de modular los servicios según la aportación obligatoria.

La ley permitirá la constitución de una cooperativa sin necesidad de que intervenga un notario, facilitándose así los trámites registrales, además de rebajar de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración. Las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta se reducirán de cinco a una y también disminuirán los documentos solicitados.

Para facilitar la incorporación de nuevos socios se introduce la figura, pionera en España, del socio a prueba, que permite un periodo transitorio antes de vincularlo de forma estable. También se abre la posibilidad de que las aportaciones del nuevo miembro se puedan fraccionar o aplazar de común acuerdo.

El proyecto refuerza el perfil inversor de las cooperativas y se suprime la actual exigencia de destinar un 15% de los beneficios al fondo de reserva cuando supongan la mitad del capital social.

Por su parte, se reduce al 25% la proporción de beneficios extracooperativos (procedentes de operaciones con terceros) para el fondo de reserva, frente al actual promedio del 90%. Además, existe la posibilidad de que la asamblea general pueda destinar parte de esta reserva directamente a inversiones productivas, de cooperación o internacionalización.

Para permitir una mayor flexibilidad interna, el proyecto de ley regula diversas medidas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como las denominadas Asamblea y Consejo Rector virtuales. Asimismo, la norma tan sólo exigirá una sesión imperativa anual del Consejo Rector, frente a la actual periodicidad mínima mensual. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de sustituir este órgano de gobierno por un administrador único o dos solidarios en cooperativas con menos de diez socios. Igualmente novedosa es la creación de la figura del grupo empresarial cooperativo, que permitirá formas de integración aún no ensayadas en Andalucía, tanto entre cooperativas como con otro tipo de entidades mercantiles. Estos grupos podrán estar liderados por una sociedad cabecera o sociedades en plano de igualdad. En este segundo caso, las integrantes deberán ser mayoritariamente de naturaleza cooperativa.

Se introduce también una equiparación a efectos fiscales de las denominadas cooperativas de integración. Éstas, formadas por la unión con otras entidades no cooperativas, conforman una figura exclusivamente andaluza y actualmente se excluyen de las ventajas tributarias que rigen para el resto. Y las operaciones entre sociedades pasan a considerarse con socios, no con terceros, evitándose así gravámenes fiscales.

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