Las conclusiones de la auditoría de Deloitte son contundentes: entre mayo de 2007 y noviembre de 2009, Mercasevilla ha sido objeto de 74 expedientes sancionadores por un importe de 1,8 millones de euros, una cifra aún no abonada y que incrementa sensiblemente el agujero económico de la empresa de mercados.
A una semana del cierre de las cuentas de 2009 -fijadas por el propio Ayuntamiento como un punto de inflexión a partir del cual el gerente, Jordi Maymó, podía dejar su cargo en cualquier momento-, la dirección de la empresa ha empezado a actuar: todo el género que entre en Mercasevilla desde hoy vendrá marcado desde su origen, de forma que no haya dudas de quién es su propietario y, por tanto, de quién es el responsable en caso de que haya inmaduros.
La empresa arrastra un problema desde hace años reconocido por empresarios, trabajadores y la dirección: el pescado llega sin identificar, los trabajadores lo trasladan al centro de las naves y de ahí es entregado a cada empresario. Cuando hay inspecciones o agentes del Seprona muchas cajas quedan en el centro con inmaduros y se abre expediente a Mercasevilla al no haber ningún empresario que se responsabilice del género.
"Alguien debía tener la valentía de hacerlo. No podemos permitir que el pescado esté sin identificar, y que el que traiga pescado inmaduro se pueda acoger al anonimato. Aquí hay mucha hipocresía, pero quien contamina, paga; y quien venda inmaduro también debe pagar", explicó el gerente, Jordi Maymó.
Para los empresarios, que tenían previsto reunirse ayer para iniciar movilizaciones, la situación no es tan clara: "Esto nunca se ha hecho. Está fuera de lugar. Pedimos el pescado entre muchos y ahora uno se tendrá que responsabilizar. No se ha consensuado ni se ha acordado con nosotros. Y no estamos dispuestos a que se aplique", respondió el presidente de los mayoristas de pescado, Antonio Ángel Vela Adame, quien vinculó esta medida a los últimos días de Maymó al frente de Mercasevilla.
Aunque el gerente rechazó ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre su futuro al frente de la empresa, el propio Ayuntamiento supeditó su continuidad a la aprobación de las cuentas de 2009 prevista para la próxima semana.
En ese consejo de administración se debe resolver el futuro de la empresa que depende de un acuerdo sobre el ERE o de una ampliación de capital.
