El PP denunció ayer dos nuevos casos de supuestas prejubilaciones irregulares en Mercasevilla. En esta ocasión, no se trata de nombres incluidos posteriormente en la póliza de Vitalicio sin ninguna vinculación con la empresa, como los detectados la pasada semana, sino que su inclusión formó parte de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 entre la empresa pública de mercados y los representantes sindicales, según admitieron ayer ambas partes. Los dos pactaron incluir en el plan de indemnizaciones avalado posteriormente por la Consejería de Empleo a dos empleados que no formaban parte de la plantilla municipal, sino que estaban en la bolsa de contratación de la empresa. Cubrían periódicamente vacantes o tenían contratos temporales con el compromiso de ser contratados en cuanto hubiera una plaza libre. Al rebasar los 50 años se les autorizó su inclusión en el plan de prejubilaciones.
El primero de estos casos difundido por el PP es el de José Antonio Rivera Martín. No forma parte del expediente firmado el 7 de mayo en la Consejería de Empleo que afectaba a 63 trabajadores, cuya vida laboral había sido revisada previamente. Se incluyó después, tras un proceso que arrancó el 11 de mayo, cuando el ex director general de la empresa, imputado en tres causas distintas por su gestión, remitió un escrito en el que alegaba que se había producido un "error" y se había omitido a este empleado. El entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, también imputado por cohecho, lo autorizó el 17 de mayo. Tanto la dirección de Mercasevilla como el comité de empresa incidieron en que se trata de un caso "legal" y que se incorporó su nombre por un acuerdo entre todas las partes. Rivera, sin embargo, no formaba parte de la plantilla de Mercasevilla, sino que era miembro de la bolsa de contratación en su categoría de mantenimiento con un rango prioritario en cuanto a su contratación: "Por su especialidad -recoge el BOP de febrero de 2006- es el único con los mínimos conocimientos necesarios en electricidad, por lo que de existir algún contrato en dicho puesto le será asignado a él con independencia del orden establecido". Según el relato de la dirección de la empresa, estaba en Merca, se fue a trabajar a otra empresa y volvió a la bolsa de trabajo.
El segundo caso denunciado por los populares es el de Francisco Reyes Bermúdez, con 51 años el día del inicio de su relación laboral con Mercasevilla, con una serie de contratos temporales que fue encadenando desde julio de 2004, según consta en el informe de su vida laboral. Su nombre sí se incluyó desde el principio en el listado de 63 empleados que rebasaban los 50 años y que, por tanto, podían acogerse al segundo plan de prejubilaciones puesto en marcha por la empresa en un plazo de cinco años. El comité de empresa su-brayó ayer que al llevar tantos meses encadenando contratos eventuales, según el convenio, tenía ya los mismos derechos que un trabajador indefinido y podía acogerse al plan.
El PP consideró ayer "irregular" el pago con dinero público del plan de prejubilaciones de estas dos personas, denuncia que fue rechazada por el comité y por la dirección de la empresa. "No es para nada ilegal la incorporación de personas de la bolsa de trabajo o con contratos temporales en el ERE. Había un compromiso de incorporación a la plantilla en cuanto hubiera una vacante", argumentó el presidente del comité, Rafael Domínguez. Desde la dirección de la empresa se expresaron en términos similares: "Los dos trabajadores cumplen la legalidad para acogerse al ERE, que requería dos condiciones: ser trabajador del mercado en la plantilla o en la bolsa de trabajo y tener más de 50 años".
De hecho, en el expediente firmado en la Consejería de Empleo no se exige ni una antigüedad determinada en su vinculación a la empresa; ni un modelo determinado de contrato ni un máximo de edad -lo que permitió a personas mayores de 65 años acogerse al plan de prejubilaciones de la empresa-.
La Consejería de Empleo declinó ayer realizar cualquier tipo de valoración sobre estos dos casos correspondientes al ERE de 2007. Según la versión de este área, remitida al juzgado en el marco de la instrucción por delitos societarios, en el plan de prejubilaciones de 2003 sí se pagaron las indemnizaciones con dinero de la administración, pero no en el de 2007, del que la Junta se desvincula pese a que fue un ex director general Javier Guerrero Benítez quien avaló los pagos ante el Vitalicio.
Este acuerdo fue el que hizo que la Junta cesara a Guerrero el mismo día que lo firmó y en el que se coló el nombre de Antonio Garrido Santoyo, un ex dirigente del PSOE en Baeza que dimitió tras conocerse el escándalo y hasta que estos hechos se aclarasen. Garrido admitió a este periódico que conocía a Juan Lanzas, sindicalista e intermediario en el ERE, que también es de Jaén. Además, según denunció el PP es amigo de Ismael Sierra, cuñado de Lanzas y propietario de la empresa Maginae Solutions, que también asesoró en el ERE. El otro nombre que tampoco aparecía en la plantilla de Mercasevilla es el de María del Carmen Fontela, pero, esta vez, en el ERE de 2003. La Junta aseguró que en los documentos que les fueron entregados no aparecía este nombre, sino que fue con posterioridad, tras una firma del protocolo de colaboración entre Mercasevilla y Guerrero.
