Él no ha sido la única víctima política de 2010, pues la titular del Juzgado de Instrucción número 6 apuntó al ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), Manuel Marchena, hasta que acabó imputándolo, aunque sin aclarar los delitos o los hechos por los que le implica. Todo partió con la aparición de un empresario que tenía una parcela en Mercasevilla y que aseguró que Marchena, junto con Mellet y Ponce, le hizo una serie de ofrecimientos para que cediera el terreno, que finalmente adquirió Sando y que se convirtió en la llave para que esta constructora se hiciera con el concurso para adquirir la totalidad del suelo del mercado (la segunda rama del caso). Alaya ha fijado ya varias fechas para que Marchena declare, aunque todas se han pospuesto.
La otra víctima implícita de todo este asunto es Antonio Rodrigo Torrijos, el primer teniente de alcalde y vicepresidente de la empresa pública. Su nombre ha salido desde el principio del caso y la juez ha dejado constancia en un escrito que acabará llamándolo a su despacho. Eso sí, sin aclarar si como testigo o imputado. Además, al margen de los juzgados, Torrijos ha tenido que salir al paso y explicar una foto en la que compartía una mariscada junto a Mellet.
Pero entre declaraciones y nuevas imputaciones, la juez aún tuvo tiempo para abrir en mayo una nueva rama del caso, esta vez por delito societario. En el epicentro, de nuevo Mellet, después de que la auditoría encargada a Deloitte, a la vista del agujero en las cuentas de la empresa, detectara irregularidades como el uso indiscriminado de la tarjeta VISA por parte del ex director. Hasta 15.000 euros en nueve meses, 6.500 euros en comidas o viajes a Vietnam de los que no se entregaron los justificantes, son algunos de los dudosos gastos. Mientras tanto, el nuevo director de Mercasevilla, Jordi Maymó, dimitía por desencuentros con el Ayuntamiento, sustituyéndole Juan Carlos Recio.
La magistrada también comenzó a indagar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que en 2003 y 2007 abrió la empresa, ajena a que meses después se destaparían numerosas irregularidades en los mismos. En la documentación de los ERE estaban incluidos nombres de personas ajenas a Mercasevilla, lo que provocó que la Junta abriera una investigación interna que provocó una brecha entre el consejero de Empleo, Manuel Recio, y el que fuera delegado provincial cuando se firmó el ERE de 2003, José Antonio Viera, pues ofrecieron versiones enfrentadas.
Todo se puso sobre la mesa de la juez que, por entonces, vivía un proceso de recusación planteado por una de las imputadas del caso que, finalmente fue rechazado por la Audiencia. Ahora ya tiene vía libre. Desde luego, 2011 promete.
