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Mercasevilla admite que Guerrero saltó "a la piola" los trámites pero ve responsable a la Junta

el 16 nov 2012 / 11:03 h.

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El Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla celebró el pasado  martes un juicio por la demanda promovida, a título individual, por  uno de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE)  acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central,  Mercasevilla, para reclamar los compromisos de financiación de sus  rentas. Se trata de la tercera vista oral de este conflicto, toda vez  que el Juzgado de lo Social número ocho ha resuelto ya la demanda  correspondiente al grueso del colectivo de prejubilados, zanjando que  Mercasevilla es el "único responsable en el pago de las  indemnizaciones reconocidas" en el procedimiento.

Esta demanda promovida al margen del grueso de los prejubilados,  según han informado a Europa Press fuentes del caso, se dirige contra  Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y  tomadora de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, la  división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio (actualmente  'Generali'), en su calidad de entidad aseguradora de las rentas, y la  Administración autonómica. Como se recordará, 34 de los 40  prejubilados de este ERE aunaron sus acciones en una sola demanda,  resuelta ya con la citada sentencia, mientras los seis restantes  hacen lo propio a título individual, pero siempre reclamando los  compromisos de pago que pesarían en torno a este expediente de  regulación de empleo y su correspondiente plan de prejubilaciones.

LAS RESPONSABILIDADES DEL ERE

Durante la vista oral celebrada el pasado martes, de cualquier  modo, la representación jurídica de este prejubilado llamado José  Ramón P.S. reclamó 79.664,97 euros por las rentas que corresponderían  a este hombre merced al plan de prejubilaciones o ayudas  sociolaborales que acompañaba al expediente de regulación de empleo.  Como es sabido, en la documentación del ERE figuraba la Consejería de  Empleo como principal fuente de financiación, si bien la  Administración autonómica defiende que no tiene compromiso económico  alguno con este procedimiento y la reciente sentencia del Juzgado de  lo Social número ocho fallaba recientemente atribuyendo las  responsabilidades a Mercasevilla.

La citada sentencia del juzgado de lo Social número ocho, de  hecho, fue aportada como prueba a lo largo de la sesión, en la que la  representación jurídica de la Junta de Andalucía recordó su  absolución en el procedimiento judicial previo. "El plan de  prejubilaciones es una obligación de la empresa con sus trabajadores.  La Junta de Andalucía no tiene condición de empleador o tomador de la  póliza de seguro de rentas" de dicho ERE, defendía la representación  jurídica de la Administración andaluza.

LOS DOCUMENTOS DE GUERRERO


La representación de la Junta, además, ha insistido en la  invalidez de los documentos firmados entre 2007 y 2008 por el  entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta  de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, para la financiación del  plan de prejubilaciones de este ERE, pues "se trata de simples  comunicaciones que en ningún caso están precedidas de un expediente  administrativo con su respectiva resolución".

La representación jurídica de Mercasevilla, de su lado, ha  admitido que Francisco Javier Guerrero "se saltó a la piola los  procedimientos" y aseguró la financiación de estas prejubilaciones  "sin seguir los trámites adecuados", aunque ha defendido que el  expediente de regulación de empleo de 2007 "se pactó expresamente con  la financiación autonómica" y "la propia póliza" de seguro de rentas  asociada al procedimiento incluye a la Junta de Andalucía como fuente  de los pagos. "Esta póliza sí genera obligaciones para la Junta en su  condición de tomador impropio", defendía la representación de  Mercasevilla.

VISTO PARA SENTENCIA

Así, la parte demandante ha insistido en reclamar estos 79.664,97  euros a cada una de las partes demandadas, mientras la Junta ha  pedido su absolución, 'Generali' ha reclamado la desestimación de la  demanda en lo que a la aseguradora afecta y Mercasevilla se ha  opuesto también a la demanda en los términos ya mencionados. El caso  ha quedado visto para sentencia.

El Juzgado de lo Social número ocho, de cualquier modo, ha dictado  ya su sentencia por la demanda promovida por el grueso de los  prejubilados. En su sentencia, emitida el 6 de noviembre y recogida  por Europa Press, la citada instancia judicial resuelve que  Mercasevilla es el "único responsable en el pago de las  indemnizaciones reconocidas" y, a tal efecto, condena a la empresa a  pagar diferentes cuantías en 21 de 33 casos. El Ayuntamiento, la  sociedad estatal Mercasa, la Junta, la Agencia de Innovación y  Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco  Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida'  son absueltos en todos los casos.

EL ERE DE 2007

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el  mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros,  supuso la prejubilación de 40 empleados. Las rentas de estos  extrabajadores, no obstante, quedaron en el aire al desligarse la  Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento  sometido a una investigación judicial a manos de la juez Mercedes  Alaya.  

En concreto, aunque el entonces director general de Trabajo y  Seguridad Social de la Junta de Andalucía había firmado tres  documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de  fondos para las prejubilaciones en cuestión, el posterior director  general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advierte en un  documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron  "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier  resolución".

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