Mercasevilla despedirá a Daniel Ponce, director adjunto hasta el pasado 17 de febrero y uno de los principales imputados en el caso sobre la supuesta petición de comisiones al Grupo La Raza. Su despido, que sólo es recurrible ante los tribunales, evitará que se acoja a un plan de prejubilación que le permitiría cobrar 3.000 euros al mes.
El director general de Mercasevilla , Jordi Maymó, remitirá el lunes una carta a Ponce comunicándole la decisión. El Ayuntamiento, según adelantó ayer la Cadena SER, ve procedente el despido debido a su actuación irregular detectada por una auditoría externa sobre la gestión de Mercasevilla que encargó el Gobierno municipal. El Consistorio anunció esta decisión un día después de que se hiciera público que Ponce podría cobrar una pensión de unos 3.000 euros mensuales de acogerse a un ERE pactado en Mercasevilla y tras argumentar que no podía despedirlo porque no había una sentencia en firme.
Ponce tiene hasta el mediodía de hoy para presentar alegaciones a un expediente que le redactó la empresa a raíz de conocer sus irregularidades (entre otras, 11.000 euros sin justificar de un viaje que realizó para asistir a un congreso alimenticio). Sin embargo, aunque sean tramitadas, será despedido.
Mercasevilla no tenía claro su despido porque podía resultar más caro que mantenerlo en nómina sin ningún cargo de responsabilidad: al no haber una sentencia en firme, la empresa podría tener que seguirle pagando mientras esté abierto el proceso judicial.
La voz de Ponce es una de las que se escucha en las grabaciones de la supuesta petición de comisiones a La Raza que dieron origen a esta investigación. Por este motivo, ya fue apartado del cargo de director adjunto, pero esto ocurrió cuando su presunta implicación se hizo pública. Ponce fue destituido junto al director gerente, Fernando Mellet, en un consejo de administración que se celebró el 17 de febrero. Lleva en la empresa casi 30 años.
Daniel Ponce tiene actualmente abiertos dos expedientes después de que saltara la investigación por el caso Mercasevilla, según detallaron fuentes citadas por Efe. Los expedientes han dado lugar a dos causas judiciales diferenciadas. Uno de ellos es de carácter disciplinario. El plazo de alegaciones por parte de Ponce expira hoy y está basado en las conclusiones de dicha auditoría, que revela numerosas irregularidades.
El otro es informativo por el asunto de la presunta petición de comisiones ilegales a empresarios a cambio de adjudicarles una escuela de hostelería subvencionada por la Junta, y concluirá una vez termine el procedimiento judicial abierto por dicho caso.
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, enmarcó el jueves la posibilidad de que Ponce accediera a una prejubilación de 3.000 euros mensuales en el contexto del ERE firmado en 2007 en Mercasevilla y que está siendo investigado por la Justicia. En él participaron asesorías a las que se realizaron pagos sin el control debido de la comisión ejecutiva y el consejo de administración, y fue aprobado por la Delegación de Empleo del Consistorio, cuyo titular, Antonio Rivas, es uno de los imputados por supuesta petición de comisiones a La Raza.
