La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Sevilla sobre el presunto cobro de comisiones por parte de directivos de Mercasevilla vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las administraciones públicas actúen con la máxima transparencia ante el más mínimo indicio de comisión de posibles hechos delictivos. Mercasevilla, cuyo accionista mayoritario es el Ayuntamiento, debe actuar con la máxima claridad y diligencia si, tal y como apunta la investigación, se ha podido cometer un supuesto delito de cohecho por parte de dos directivos de la empresa municipal. Con todo, sorprende que un hecho del que tuvo conocimiento el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 4 de febrero -hace casi dos meses- haya tenido que trascender a la opinión pública gracias a los medios de comunicación. La excusa municipal de que fue la Junta la que abrió la investigación de la supuesta exigencia de comisiones al grupo La Raza, no exime al ayuntamiento de su responsabilidad política puesto que el director general es un puesto designado por el presidente de Mercasevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín y el vicepresidente ejecutivo, Antonio Rodrigo Torrijos. El Gobierno municipal hizo bien al apartar a los directivos de la empresa en cuanto conoció los hechos, pero resulta inexplicable que los ocultara hasta ayer, cuando se vio obligado a confirmarlos a través de un comunicado conjunto PSOE-IU. Ayuntamiento y Junta, además de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, como es su deber, apartar a los presuntos culpables y auditar las cuentas las veces que haga falta, también están obligados a dar cuenta a los ciudadanos de comportamientos irregulares en las empresas públicas, por más que en este caso todo apunte a un hecho puntual y localizado. En cualquier caso, urge llegar hasta el final en la investigación para aclarar los hechos. El único camino posible que deben tomar los gestores públicos es la transparencia de su gestión.
