María Salmerón no ha tirado la toalla. Después de que en septiembre de 2009 perdiera la custodia de su hija, que acaba de cumplir diez años, en favor de su ex marido, condenado a un año y nueve meses por malos tratos, no ha parado de luchar por recuperarla o para pasar más tiempo con ella. De hecho, la Fiscalía ha reclamado a la juez que cambie el régimen de visitas por uno más ampliando, ejecutando así la sentencia de divorcio. "Con mi hija se está cometiendo una injusticia", asegura ella.
La menor vive en la actualidad con el padre y la pareja de éste y, según los informes, "el régimen de visitas se ha venido cumpliendo correctamente". Basándose en estos documentos, el 29 de abril la Fiscalía de Dos Hermanas solicitó la ejecución provisional de la sentencia de divorcio, que se dictó el año pasado con la incorporación del cambio de la custodia, pese a que está recurrida ante la Audiencia Provincial. El fiscal, según consta en su escrito, la pidió después de que el padre de la menor reclamase la "ejecución en sus aspectos económicos o patrimoniales", ya que ella tiene que pasarle una pensión a él al tener la custodia de la niña.
El Ministerio Público, en cambio, va más allá, y no sólo reclama que se lleve a cabo el régimen alimenticio, sino también las visitas. Para ello tiene en cuenta "la buena relación que la menor ha mantenido con su madre". Como prueba cita un informe del Punto de Encuentro, donde la niña es entregada por los padres para llevar a cabo las visitas, que señala que la menor acude "con gesto serio, despidiéndose de su padre de forma distante (...) Al reunirse con su madre ha continuado manteniendo una actitud significativamente más distendida y entusiasmada".
Para el fiscal, "estos vínculos" son suficientes para solicitar la ejecución de la sentencia, lo que supondría más horas de visitas entre María y su hija. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas así lo admitió, pero acabó suspendiéndolo después de que el ex marido de María presentara una declinatoria. La defensa de ella ha solicitado la nulidad de la misma "por estar presentada fuera de plazo". Para uno de los abogados de María, Manuel Martos, incluso podría existir "un fraude procesal", ya que "primero reclaman la ejecución y luego se oponen".
Para Martos, el juzgado "se está olvidando de la existencia de la menor. Lo que esta niña está sufriendo el tiempo lo dirá", en alusión a los constantes cambios en su custodia y régimen de visita. Para Martos, "la única que está luchando en beneficio de la menor es María, porque el padre ha demostrado un mero interés económico al reclamar".
María también cree que "la víctima y la maltratada" es su hija porque "lo está pasando muy mal". Su abogado aplaude la actitud del fiscal que tras haber escuchado a la menor "se está desmarcando de lo que venía dictando la juez". Según el letrado, desde el juzgado "están poniendo muchos problemas con este caso, del que ni me dejan consultar los tomos anteriores". Por todo ello, el abogado no descarta "pedir que se depuren responsabilidades", incluso dirigirse "contra la juez y la secretaria".
De hecho, María incluso se lo pide al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en una carta manuscrita. "Que la Fiscalía actúe de oficio contra la juez y la secretaria", le pide, ya que considera que "todo aquello que él pide se lo concede rápidamente, aunque el fiscal haya dictado lo contrario".
María fue condenada por dos sentencias firmes por no cumplir el régimen de visitas del padre, hechos por los que terminó perdiendo la custodia de la menor. El padre ha alegado en varias ocasiones que ella sufre "trastorno bipolar", aunque el fiscal cree que es debido "a los malos tratos psicológicos" de los que fue víctima. Ella también pide ahora que se le rebaje la cuantía del régimen alimenticio, "con lo que gano no puedo pagar casi 400 euros mensuales".
