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Mi postura en contra del aborto

El lector que siga mi colaboración en El Correo habrá observado en los últimos años que no soy partidario de personificarlos ni de contar mis batallitas particulares. Entiendo que el periodista se debe al análisis de las cuestiones generales, eso sí, bajo su punto...

el 16 sep 2009 / 00:07 h.

El lector que siga mi colaboración en El Correo habrá observado en los últimos años que no soy partidario de personificarlos ni de contar mis batallitas particulares. Entiendo que el periodista se debe al análisis de las cuestiones generales, eso sí, bajo su punto de vista, pero en ningún caso utilizando el posesivo que hoy excepcionalmente llevo al título de este artículo.

Estoy del lado de los millones de españoles contrarios al proyecto de ley de ampliación de los supuestos de interrupción del embarazo que lleva a las Cortes la ministra Aído, y me refiero a la ampliación porque la ley vigente es de aplicación a casos muy concretos que por lo general han sido asumidos por el PP y por la mayoría de la sociedad española. Este proyecto ahora en curso contiene, sin embargo, elementos que en la práctica conducirán al aborto libre si es que al texto no se le pasa la garlopa en el Congreso de los Diputados. Somos muchos, seguramente muchos más de los que se atreven a decirlo en público, los ciudadanos creyentes que abominamos de la posibilidad de que un ser vivo con tantas semanas en el seno materno pueda ser sacrificado, y más aún los que contemplamos con estupor que adolescentes de 16 años, legalmente menores de edad por tanto, puedan decidir la interrupción mientras necesitan autorización paterna para ponerse un piercing o someterse a una pequeña intervención de cirugía estética para arreglarse los pechos.

Hasta aquí la primera parte de la reflexión sobre el aborto que forma parte de mis creencias más acendradas, como es el caso de millones de católicos. El problema tiene otra lectura que ni los obispos ni todos aquellos que formamos parte de la Iglesia podemos obviar. Me refiero al derecho de la sociedad, representada en las Cortes, a darse aquellas leyes que tengan el amparo de las mayorías. No otra cosa es el Estado democrático y de derecho que consagró en España la Constitución de 1978. Y por mucho que no estemos de acuerdo e incluso nos repugne su mera formulación, hemos de convenir en la legitimidad de toda norma emanada de la representación de la soberanía popular. Aunque a algunos pueda parecernos un exceso y a otros que se queda corta.

Lo que no se puede negar a nadie es su derecho a expresarse libremente. De ahí que, a mi modo de ver, sobran las descalificaciones a la Conferencia Episcopal y a cuantos portavoces se pronuncian contrarios a este proyecto de ley porque ninguna persona ha de pedir permiso a nadie para dar su opinión. Y los obispos, en tanto que ciudadanos, están legitimados para alzar la voz y exponer la doctrina de la Iglesia Católica sobre un asunto de conciencia de los más graves y profundos que tiene planteados la sociedad de nuestro tiempo. Pero sin olvidar que las creencias no se pueden imponer a quienes no las comparten.

Estoy seguro de que el nivel de este proyecto de ley será rebajado en su trámite parlamentario. El PP luchará por ello y agotará todas las vías a su alcance, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional. Mas una vez sancionado por todas las instancias tendrá fuerza de ley.

Periodista

gimenezaleman@gmail.com

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