Miguel Rus fue reelegido presidente de Gaesco, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras, en un momento que tilda de "muy duro". Representa la tercera generación de empresarios al frente del Grupo Rusvel y afirma que su receta para afrontar la crisis es "sentido común, coherencia, transparencia, generar confianza y cumplir los compromisos".
-¿Mejoró la radiografía del sector en estos últimos seis meses?
-No, es la peor de la crisis. En 2010 se tomaron decisiones como la reducción del 50% de la licitación de obra pública y este año llevamos un 70%. Esa paralización ahora se está traduciendo en la disminución de la cartera de negocio y en los necesarios ajustes en las plantillas. La morosidad de las administraciones también está haciendo mucho daño. En el ámbito de la vivienda, en la historia que conozco nunca vi que se reconozca más la problemática de un sector y se tomen menos medidas para ayudarle. Al contrario, se toman decisiones contra la reactivación, como la eliminación de ayudas estatales para la compra de viviendas. Hemos recurrido el plan estatal 2008-2012 porque cambiaron las reglas de juego en medio del partido. Y en Andalucía tenemos una ley de derecho a la vivienda que no da derecho a nada. La Junta se comprometió a mantener las ayudas estatales. Estamos valorando la posibilidad de recurrir, impugnar o reclamar al respecto.
-¿Cree que será imposible salir de la crisis si no se recupera el sector de la construcción?
-Sí. La construcción de una vivienda genera entre 2 y 2,4 empleos y hay sitios en los que hay demanda. Se pagan licencias a ayuntamientos, impuestos, conlleva carpintería, fontanería... Sólo el IVA de una vivienda es superior a la ayuda que se daba. Hay que primar la inversión.
-¿El Plan Municipal de la Vivienda quedó en papel mojado?
-Al quitar las ayudas a las VPO se han quedado hasta ofertas de suelo de EPSA desiertas, no hay financiación, no hay ahorro y sí hay mucho paro. Tenemos que sentarnos con el nuevo gobierno local, pero ahora el Plan Municipal de la Vivienda está muerto.
-¿Qué stock hay en Sevilla?
-Sevilla no tiene problema de stock de viviendas, sí de precios desorbitados en algunas zonas, por equivocación empresarial, que se han ido adaptando. Y hay nuevos proyectos, como los de Gabriel Rojas (en Hacienda el Rosario) y Metrovacesa (Palmas Altas Sur) que son importantes. Y es que el PGOU se aprobó en 2006 y se empezó en el 96, en el boom inmobiliario y ¿cuánto tiempo va a tardar en desarrollarse? Ha provocado una parálisis en el sector parecida a la de Marbella y hay demanda. En la segunda corona metropolitana sí hay municipios en los que al albor de ese urbanismo desaforado se hicieron desarrollos poco viables que se tendrán que ajustar en precio.
-¿Por qué no funcionan los registros de demandantes?
-Suponen un sobrecoste para las empresas y un incremento de trámites burocráticos. Cuando se ponen tantas pegas se termina politizando la vivienda. El primero que llegue, que esté interesado en la vivienda y cumpla los requisitos, pues que se la lleve. ¿Por qué hay que complicarlo tanto?
-Defiende cambios en el PGOU para facilitar que lleguen inversores como Ikea y también proyectos cuestionados por el alcalde como la torre Pelli.
-Sí, la torre Pelli tiene su licencia, es legal, y aún se habla de pararlo. Los técnicos de la administración son los mismos con unos u otros políticos y no se saltan la legalidad. Yo le digo a la plataforma Túmbala que compre la torre y no la haga. Eso es compromiso de verdad. Si se para este proyecto lo vamos a pagar todos los ciudadanos y ¿qué deuda tiene este ayuntamiento? ¿Cerca de 800 millones? Pues serían otros 100 más. Lo mío que lo pague Túmbala.
-¿Sigue creyendo que en Tablada caben viviendas?
-Es un suelo que desgraciadamente se ha politizado. Entiendo que en un suelo tan grande caben todo tipo de usos, primando el verde, el deportivo y el ocio. Creo que sí cabe una compatibilidad de usos comerciales y residenciales e industriales. En un porcentaje pequeño y razonable en esa franja de fachada del puente Juan Carlos I, cerca del Metro y la antigua pista de vuelo. Y el resto que sea zona verde con actividades deportivas, lagos... sería un parque espectacular. Tablada verde significa que todos los sevillanos paguen una parte, cuando hay una pequeña franja, un 20%, que si lo dedicamos a esos usos se podría autodesarrollar, sería autosostenible y no tendríamos que poner ni un duro.
-¿Anunció que acudiría a los tribunales por el desvío de los fondos de los convenios urbanísticos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por la firma del Plan Impulsa?
-No, se firmó un convenio con el Ayuntamiento en el que se compromete a realizar los sistemas generales conforme vayan siendo demandados por los propietarios del suelo. Y estamos dispuestos a que se puedan hacer por fases. Proyectos como el Metrocentro o las setas han dilapidado el dinero que había de los convenios.
-¿Qué opina de los recortes anunciados para la SE-40?
-Una de nuestras preocupaciones es la SE-40 entre la salida a Madrid y la de Huelva. Está frenando la inversión, ahuyentando inversores. Si en vez de cuatro son dos túneles, pues que sean dos, pero que se una ese arco. Lo que no puede ser es que haya empresarios en Portugal y en la zona del Andévalo que tomen decisiones de carga condicionadas a las horas punta de atascos de las entradas de Sevilla y el V Centenario. Eso es vergonzoso. Y nos lo dicen en Portugal, Huelva y Madrid. Es una rémora importantísima para Sevilla. Es una injusticia que se está cometiendo a nivel nacional contra esta ciudad.
-¿Y la SE-35?
-Si en los últimos diez años no logramos que la Junta, el Ministerio y el Ayuntamiento se pusieran de acuerdo, desgraciadamente al día de hoy le digo que tiro la toalla. Se irá desarrollando por partes en algunas zonas, pero la clave era que fuera un segundo viario que cruzase el río y eso no se va a hacer porque depende de municipios que no están de acuerdo. Fue una petición de Gaesco, pero es momento de priorizar y lo importante es la SE-40.
-¿El Ayuntamiento también tiró la toalla?
-El Ayuntamiento no tiene dinero para hacerlo y debe ser una inversión metropolitana, de la Junta o de Fomento.
