La defensa de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, y de su hermano Javier Delgado han planteado como cuestión previa antes del juicio con jurado que éste sea ante un tribunal profesional y no ante uno popular. El hermano de Carcaño ha solicitado, además, la nulidad de diversas pruebas así como de la solicitud de los 616.319,27 euros que la Fiscalía reclama a los acusados por los gastos generados por las búsquedas del cuerpo.
Pese a que el juzgado y la Audiencia ya se lo denegaron, tanto la abogada de Miguel, Paloma Pérez, como el de Javier, José Manuel Carrión, consideran que el caso debe ser juzgado por un magistrado de la Audiencia Provincial y no por un jurado al entender que los delitos que le imputan no son competencia del jurado. En este sentido, el abogado de Javier plantea en su escrito que el delito principal es el de la supuesta violación y no el asesinato (que sí es competencia del jurado), pues la intención de Miguel y El Cuco fue agredirla y luego matarla para ocultar su acción delictiva y no al contrario.
Carrión también impugna la solicitud de los 616.319,27 euros que reclama la Fiscalía a los cuatro acusados por los gastos generados en la búsqueda del cuerpo. El letrado insiste en que el cálculo "carece de certeza, justificación y definición", ya que asegura que se trata de una "estimación aproximada", tal y como consta en el sumario del caso.
Para el abogado esta reclamación "no obedece más que a un interés político de conformar a la opinión pública", ya que, a su entender, "no se pueden reclamar estimaciones aproximadas, sin base jurídica". De hecho, el abogado destaca en su escrito que no se ha realizado una justificación de cuántos litros de carburante se utilizaron, "ni las horas de trabajo, ni se refiere por qué una embarcación vale por su utilización 600 euros al día". Además, el letrado recuerda que Javier "nada tiene que abonar al no ser responsable de delito o búsqueda alguna", ya que él siempre se ha declarado inocente y nunca ha marcado un lugar dónde buscar.
El abogado de Javier, además de impugnar una serie de declaraciones de peritos, también reclama que se anulen las escuchas telefónicas de las conversaciones que Javier mantuvo con su hermano y otras personas tras la desaparición de Marta. El letrado basa su reclamación en "la carencia de transcripción de todas las conversaciones", sino de algunas partes, lo que, a su juicio, genera "indefensión".
Por otro lado, el letrado de Samuel Benítez, Manuel Caballero, no ha planteado cuestiones previas, sólo la recusación de la magistrada del jurado, que es lo primero que se debe resolver, antes de seguir el procedimiento.
