CCOO y UGT lograron ayer convocar a miles de trabajadores a una multitudinaria protesta en contra de los recortes del sector público. Los sindicatos hicieron responsables por igual al Gobierno central y a la Junta, de ahí que la comitiva recorriese la distancia que separa el Palacio de San Telmo (sede del Ejecutivo andaluz) de Plaza de España, donde se encuentra la Delegación del Gobierno en Andalucía. Alrededor de 3.500 personas, según los sindicatos, unas 2.000, según la Policía, participaron en la manifestación, que puso el acento en el reciente despido de los casi 417 promotores de ayuda a la búsqueda de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Las pancartas mostraban imágenes del presidente Mariano Rajoy y de su homólogo andaluz, José Antonio Griñán portando afiladas tijeras. Los empleados denunciaron a gritos los "cierres de centros y hospitales, falta de personal sanitario por no sustituir bajas este verano, pérdida de personal docente y deterioro de los servicios públicos". En la cabeza de la comitiva, los portavoces de CCOO y UGT reclamaron a la Junta que garanice el futuro de los casi 800 agentes locales para el empleo de Andalucía Orienta y de los promotores de empleo de los consorcios de unidades de desarrollo local. Estos últimos (417 en total) cesaron hace cinco días. La Junta atribuye la responsabilidad al Gobierno central por haber recortado un 57% los fondos para las políticas activas de empleo que destinaba a Andalucía (de los 692,7 millones de 2011 a los 298,4 de este año).
La Consejería de Economía se ha comprometido a renovarles tres meses más mientras negocia con el Ministerio de Empleo para que aumente la partida para la formación de los parados. Pero, de momento, esos promotores de empleo están en el paro, y el consejero del ramo Antonio Ávila asegura que su contrato de prórroga no empezará hasta el día 20. Los sindicatos aseguraron ayer no tener constancia por escrito de este compromiso.
CCOO y UGT entregaron sendos escritos de reivindicación tanto en la sede del Gobierno como en la de la Junta. Los sindicatos amagan ahora con iniciar encierros en edificios públicos hasta lograr que les readmitan en sus puestos, y también planean viajar a Madrid el próximo 18 de julio, cuando está prevista la reunión entre Ávila y la ministra Fátima Báñez. "Ahora hay que recordar que la Junta ha minusvalorado su apuesta por el programa de promoción del desarrollo local todos estos años", denunciaron ayer desde CCOO, al recordar que la Consejería de Empleo nunca se gastó todo el dinero que recibía de Madrid para la formación de parados.
Ávila, desde Almería, criticó ayer la "máxima hipocresía" del PP por acusar a la Junta del cese de los 413 promotores de empleo. El consejero recordó que PSOE e IU presentaron enmiendas para mantener la financiación en los Presupuestos Generales y que fueron "rechazadas" por el PP, un documento en el que en su disposición final "dice textualmente que los promotores de empleo finalizaban sus contratos el 30 de junio de 2012". "Esperamos que la ministra Báñez se ablande y financie sus contrataciones", dijo.
La Junta teme que el Estado fuerce despidos
La consejera de Presidencia, Susana Díaz, defendió ayer que el objetivo máximo del Gobierno andaluz será “la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación y sanidad públicas”. Lo hizo para confrontar con el anuncio conocido ayer de que el Gobierno de Mariano Rajoy planea aprobar en breve una reforma de las administraciones públicas para ahorrar 80.000 millones, “que se hará privatizando entes públicos y despidiendo a personal público”. Después de que Rajoy advirtiera de que los duros recortes en el gasto público que están acometiendo las comunidades “no serán suficientes”, varios medios económicos publicaron ayer que el Gobierno planea aprobar en un próximo Consejo de Ministros una reforma para adelgazar el sector público de todas las administraciones (central, autonómicas y municipales). Se busca un ahorro de 80.000 millones a costa de prescindir de 150.000 empleados públicos. El plan no tendría efecto sobre los funcionarios, pero sí sobre el personal laboral. En febrero, el Ministerio de Hacienda le pidió a las comunidades que presentaran una lista de empresas públicas suprimidas o prescindibles. La reforma de la administración andaluza, en teoría, eliminó 111 entes, pero al Gobierno sólo le consta que se han eliminado ocho empresas y le reclama la extinción de un centenar más. El ambicioso plan de Rajoy depende del compromiso de las comunidades, porque de las 2.372 empresas públicas del país, sobre 626 no tiene competencias. Andalucía no comparte la idea de que su administración esté sobredimensionada y no apuesta por el despidos de empleados públicos.
