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Miles de funcionarios se rebelan ante la reforma del sector público

El Defensor del Pueblo estatal rehusa llevar el decreto ley ante el Constitucional

el 13 nov 2010 / 13:38 h.

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La Junta se encontró ayer con la inesperada presencia de miles de funcionarios en la calle gritando contra la reforma del sector público, y se agarró con fuerza al anuncio del Defensor del Pueblo estatal: éste ha desechado la solicitud de su homólogo andaluz, José Chamizo, para que interpusiera un recurso de inconstitucional contra el decreto ley que regulará los cambios. Chamizo había elevado a Madrid las "numerosas quejas" de los funcionarios andaluces -y del PP-, pero el Defensor estatal considera que en el decreto de la Junta "no se conculca el derecho constitucional de libertad sindical, ni se vulnera la negociación colectiva ni se conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público", informó Europa Press. CSIF mantienen la causa abierta en el TSJA.

La decisión del Defensor fue el único alivio que se permitió la Junta para encarar una protesta con más de 40.000 empleados públicos en Sevilla. Funcionarios y laborales tomaron la calle con pancartas y pitidos y colgando cables de enchufes por el camino, en árboles, farolas y semáforos, para simbolizar el "enchufismo" del que acusan a la Junta y a su reforma del sector público. La protesta fue convocada por internet por una plataforma "independiente" de empleados públicos -Plataforma de Opositores y Funcionarios- que había pedido expresamente que no hubiera presencia visible de ningún sindicato en concreto durante la marcha. La organización CSIF, que representa a la mayoría de funcionarios de la administración andaluza y que ha encabezado todas las protestas hasta el momento, se inhibió en el acto, guardó la mayoría de sus pancartas y dejó "que el protagonismo de la reivindicación lo asumieran los mismos empleados afectados por el decreto ley". Con esta decisión quisieron "desarmar" uno de los argumentos de la Junta: el de que las protestas contra la reforma están "politizadas" por unos sindicatos cuyo único objetivo es debilitar a José Antonio Griñán.

Los organizadores calcularon entre 40.000 y 50.000 personas (la administración general de la Junta cuenta con 52.000 empleados, funcionarios y laborales). Ningún órgano oficial ofreció cifras de la participación. El Cecop respondió que desde su dirección "no se les había pedido contabilizar a los manifestantes". La Delegación del Gobierno tampoco hizo cálculos. Una señal que demostró que el número de manifestantes había desbordado las previsiones de las autoridades es que los autobuses de Tussam no fueron informados de la magnitud de la protesta, según explicó el conductor de uno de los vehículos parados en la Ronda de Chapuchinos. La marcha cortó el tráfico en momentos puntuales y recorrió sin altercados la distancia que separa la Alameda de Hércules del Parlamento, donde se leyó un manifiesto en contra de la reforma del sector público. El texto fue consensuado por CSIF, Ustea, SAT y varias plataformas sectoriales de funcionarios creadas ex profeso para combatir los cambios en la administración.

Si el cálculo de los organizadores es acertado (40.000 manifestantes), la manifestación de ayer es la más abultada que ha caído sobre los hombros de la Junta desde que los funcionarios de Justicia se pusieron en pie de guerra hace cinco años. "Que sigan diciendo que el problema es que no estamos informados y que lo leamos bien en la web del Gobierno", dijo un miembro del CSIF, repitiendo justo el argumento en el que ayer insistió la portavoz de la Junta, Mar Moreno. Las consignas de la protesta fueron, sobre todo, jocosas, pero también trataron de "capos" mafiosos al PSOE-A y a UGT, que junto a CCOO, firmó un acuerdo con la Junta para sacar adelante la reforma de la administración.
El portavoz de la plataforma, Pedro Ruiz Trillo, dijo que la protesta será un "punto de inflexión en las relaciones laborales de la administración autonómica". Los funcionarios siguen creyendo que el decreto "abre la puerta" a 20.000 trabajadores externos, "colocados a dedo", que se pondrán por encima de quienes entraron por oposición. La Junta no baraja retomar la negociación.

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