Local

Miles de trabajadores exigen a los alcaldes el pago de sus nóminas

UGT y CCOO convocan una gran manifestación en Sevilla para defender que sin trabajadores no hay servicios públicos y rechazar los despidos en los ayuntamientos y privatizaciones de empresas municipales.

el 01 oct 2011 / 11:14 h.

TAGS:

Los líderes sindicales se dirigen a los manifestantes en la Plaza Nueva.
Los cortes de carretera protagonizados durante el verano por los trabajadores municipales de La Línea y Barbate en la frontera con Gibraltar, la huelga de los empleados de la empresa pública Elsur de El Ejido,o el encierro de la plantilla de la Mancomunidad del Guadalquivir llevan meses siendo noticia en los medios de comunicación, protestas laborales contra una situación que afecta ya a una treintena de ayuntamientos, que deben varias nóminas a sus trabajadores. Ayer, unieron sus fuerzas en Sevilla, convocados por UGT y CCOO, para reclamar a los alcaldes que si las arcas municipales están en crisis, sus familias no tienen la culpa y necesitan llevar a casa un sueldo a fin de mes.

 

Unos 25.000 manifestantes, según los organizadores, reducidos a unos 4.000 por la Policía -en la habitual guerra de cifras de toda movilización-, marcharon ayer desde el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, al Ayuntamiento de la capital hispalense, bajo el lema En defensa del sistema público y por un empleo digno. ¡Movilízate! Y es que, la tesis de los sindicatos es que todo recorte en personal dedicado a atender directamente a los ciudadanos no es más que un tijeretazo a los servicios públicos.

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, expresó su rechazo por las medidas que están aplicando el PP y el PSOE "de mutuo acuerdo" en los consistorios andaluces con el fin de reducir las "políticas sociales cuando más falta hace y de eliminar las políticas de igualdad cuando más desigualdad se está generando". Por ello, hizo un llamamiento "a los dos grandes partidos" para que "no provoquen más despidos, no privaticen más empresas públicas y no jueguen con las conquistas sociales que se han conseguido". Carbonero lanzó un mensaje especialmente al PP "que gobierna en la mayoría de las instituciones locales y diputaciones": no permitirán que "con la demagogia de la austeridad se cargue las políticas sociales conquistadas en los años de Democracia" porque "lo único que van a provocar es más movilización cuando lo que necesita la sociedad es más acuerdo".

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, se refirió a la "teoría de que las diputaciones tienen que desaparecer" lanzada por varias voces socialistas y que no están dispuestos "de ninguna manera" a aceptar. Defendió que la movilización de los empleados públicos supone la defensa de la educación, la sanidad y los servicios sociales. "Se juega la gran baza de lo que va a ser nuestro país a partir de la crisis: un país con servicios para la igualdad y para los ciudadanos con mayores necesidades o (por el contrario) un país exclusivamente sometido a los intereses económicos de unos pocos", subrayó.

La manifestación de ayer, a la que acudieron los responsables nacionales de Función Pública de UGT y CCOO Julio Lacuerda y Enrique Fossouel respectivamente, forma parte de una campaña sindical en defensa de los servicios públicos que tendrá su punto culminante el próximo 7 de octubre con movilizaciones en todas las provincias. Hasta Sevilla se desplazaron ayer trabajadores de la enseñanza, el Servicio Andaluz de Salud o los servicios de atención a las personas dependientes, vinculados a la administración autonómica, pero sobre todo de ayuntamientos.

"Los servicios de los ayuntamientos de nuestra comunidad están al borde del precipicio, hay trabajadores que llevan meses y meses sin cobrar", recordó Pastrana. Según datos de UGT, 33 consistorios, mancomunidades o empresas públicas municipales deben una o más nóminas a sus empleados. En algunos casos, los impagos -que afectan en total a 10.500 empleados- se remontan hasta abril. Además, otros 25 han despedido en los últimos tiempos a medio millar de empleados, entre personal eventual o indefinido, además del empleo perdido por la no renovación de contratos temporales.

Los sindicatos reconocen que, con fines electoralistas y políticos, puede haber plantillas sobredimensionadas, pero también denuncian la falta de un sistema de financiación municipal que solvente los problemas de sus arcas y no obvian que en muchos casos ha habido mala gestión. Por ello, tienen claro que menos empleados públicos supone menos servicios públicos y de peor calidad, y la defensa de estos trabajadores es la primera línea de batalla para frenar tentaciones privatizadoras y tijeretazos sociales.


  • 1