La convicción de que el sector financiero privado puede despreocuparse de toda idea de buena gestión empresarial porque, en última instancia, las instituciones siempre acudirán a rescatarlo ha hecho que el modelo económico neoliberal se desfonde de una manera tan bochornosa que, dentro de poco, será complicado encontrar a alguien que admita haberlo defendido sin matices. Hasta que llegue ese día, sin embargo, aún habremos de contemplar resistencias e inercias extemporáneas en el discurso oficial.
El Banco Central Europeo (BCE) es una de esas instituciones que deberá replantearse su enfoque. Especialmente, tendrá que considerar si su confesada obsesión por el control de la inflación no ha entrado en una deriva fetichista que lo ha hecho ciego a otros problemas.
Viene esto hoy a cuento del informe que el BCE incluye en su boletín del presente mes sobre la evolución de los costes laborales en la zona euro. Allí se remacha el aviso de que la existencia de diferenciales en el crecimiento de los salarios nominales, que no reflejen la evolución de la productividad, podrían repercutir en pérdidas de competitividad que afectarían a medio plazo a las perspectivas de crecimiento y al empleo en algunos países (no se dicen nombres, tablas aparte, pero está claro que España es uno de los señalados por la acusación). Su receta es, por supuesto, un funcionamiento más flexible y eficiente del mercado de trabajo y la moderación de los costes laborales. Que algún malpensado podría confundir con un llamamiento a la precarización de tal mercado de trabajo.
Concretamente, lo que se mide son los costes laborales unitarios, resultado de dividir el salario por la productividad (producción real dividida por número de empleados). De este modo, los incrementos en los costes laborales procederán o bien de un incremento de la retribución por asalariado, o bien de un descenso de la productividad, o de una combinación de ambos.
En la zona euro, el incremento medio acumulado de dichos costes laborales ha sido del 14% para 1999-2007, pero las diferencias de un país a otro son sensibles. España registra una tasa del 26,4%, en la línea de Irlanda (33%), Grecia (28,3%), Portugal (27,6%), Italia (23,7%) o Países bajos (21,7%). En el otro extremo están Alemania (2,3%), Austria (5,9%) o Finlandia (11,6%). No obstante, esta metodología ignora el nivel de los costes laborales medios, que en España aún están bastante distanciados de los de los países más prósperos reseñados. El referirse a unos u otros no deja de ser una toma de postura ideológica.
Ahora bien, el verdadero problema español estaría en que su aumento en costes laborales no se debe a un crecimiento exagerado de los salarios si no, más bien, a una baja productividad del trabajo. En concreto, presenta una tasa del 4,1% para el periodo considerado frente a una media del 11% en la zona euro.
En este contexto, la receta del BCE es más y más liberalización. Los "impedimentos estructurales" que se colocan ahora en el disparadero son los clásicos del catecismo neoliberal: el entorno jurídico y regulatorio, la elevada tributación del trabajo y las rigideces de la reglamentación salarial. En suma, un programa idéntico al de la patronal. No obstante, se pregunta uno, si el BCE se ha mostrado incapaz de alertar sobre las malas prácticas en los mismos mercados financieros cuyo funcionamiento tiene encomendado supervisar, ¿sería inteligente hacerle caso a sus recomendaciones en torno al mercado laboral?
Catedrático de Hacienda Pública
jsanchezm@uma.es
