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Míster Marsal no es bienvenido

Un problema al que se enfrenta la conservación del rico patrimonio arqueológico andaluz es el de los expoliadores provistos de detectores de metales.

el 15 sep 2009 / 23:59 h.

Un problema al que se enfrenta la conservación del rico patrimonio arqueológico andaluz es el de los expoliadores provistos de detectores de metales. En una reunión de expertos celebrada en la Universidad de Sevilla en 2001 se llegó a la conclusión de que "las actividades de expolio y saqueo clandestino destinadas a la venta ilícita de objetos arqueológicos y artísticos están alcanzando proporciones alarmantes en nuestra comunidad autónoma, siendo preciso poner todos los medios administrativos, legales y policiales existentes al servicio de la lucha contra las mismas".

Aunque la valoración exacta de su alcance es complicada porque apenas existen estadísticas fiables, teniendo en cuenta los pocos datos disponibles se puede afirmar con cierta seguridad que, tanto por la cantidad de sitios saqueados como por la cantidad y calidad de los objetos robados (y luego vendidos), la provincia de Sevilla es, dentro de Andalucía, la que más padece este problema.

Los expoliadores de localidades como Écija o Lora del Río llevan años actuando con siniestra eficacia, habiendo incluso pasado, una vez esquilmados los recursos locales, a operar en otras provincias, tanto dentro de Andalucía como en comunidades autónomas vecinas.

La especial productividad de los saqueadores sevillanos tiene bastante que ver con la existencia en nuestra ciudad de un tradicional mercado de antigüedades que se ha movido siempre a medio camino entre lo legal y lo ilegal. La escala del expolio arqueológico sevillano quedó revelada en el año 2002 con la incautación por parte de la Guardia Civil de la llamada Colección Marsal, reunida durante años por un particular a partir de objetos comprados a expoliadores, y que alcanzaba, en el momento de la actuación policial, la escalofriante cifra de unas 100.000 piezas, muchas de ellas de excepcional calidad.

Cómo es posible que el problema del expolio arqueológico haya llegado a ser tan grave, especialmente en nuestra provincia? Para abordar esta cuestión es necesario, primero, dejar establecido que, de acuerdo con la legislación vigente, el patrimonio arqueológico andaluz es "de dominio público", lo cual quiere decir que constituye una propiedad del conjunto de la sociedad. Nadie, por poseer un pedazo de tierra, posee los vestigios arqueológicos que en ella se encuentren, por lo cual extraer materiales arqueológicos del subsuelo sin la correspondiente autorización legal constituye un delito.

En segundo lugar, con ser bastante perniciosa, la extracción ilícita de objetos arqueológicos en sí no significa mucho frente al daño que acarrean los destrozos causados en los contextos (tumbas, edificios) de los que forman parte, y que son arrasados por los expoliadores. Una vez expoliado de su correspondiente contexto, un objeto arqueológico pierde hasta el 80% de su valor científico.

En tercer lugar, por tanto, la supuesta afición del coleccionista de antigüedades ilícitas es doblemente falsa, enfermiza y dañina, ya que no sólo consiste en poseer a título privado (para su exhibición y vanidad particulares), lo que en realidad es de propiedad pública, sino que esa afición ocasiona un grave daño científico.

En cuarto lugar, han existido y persisten ciertas confusiones con respecto a la deontología que aplicar por las instituciones con responsabilidad en la conservación y estudio del patrimonio arqueológico: ni los museos pueden adquirir piezas de procedencia irregular sin correr el riesgo con ello de amparar o legitimar el expolio, ni las investigaciones científicas de grupos universitarios pueden nutrirse de materiales proporcionados por expoliadores sin arriesgarse a aparecer como colaboradores de tan funestas actividades.

Finalmente, cabe señalar que la atención prestada a este problema desde la administración ha sido modesta. En su artículo 60, la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (aprobada con fecha de 26 de noviembre de 2007) ha pasado a regular con claridad el uso de los detectores de metales, lo que sin duda constituye un avance notable. Sin embargo, seguimos careciendo de estudios en profundidad que establezcan el alcance real del problema y faciliten así las necesarias actuaciones, tanto las preventivas como represivas (policiales).

La reunión de expertos antes citada llegó también a la conclusión de que "deberían realizarse campañas públicas de concienciación con respecto al grave problema que representa la destrucción del Patrimonio Arqueológico"; campañas públicas de divulgación -como las ya llevadas a cabo en otras comunidades autónomas españolas, que separen la realidad científica y legal de las extendidas (e interesadas) falacias existentes en este terreno- pueden ser de gran ayuda para eliminar las ambigüedades que se han producido en el pasado con respecto a los expoliadores y sus patrones (los coleccionistas), para así dejar definitivamente sentado que, en este caso, Míster Marsal no es bienvenido.

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