La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en su escaño del Parlamento Andaluz. / EFE
Las comunidades soportamos la mayor parte del gasto público para cubrir los servicios fundamentales. Sólo con el refuerzo de las comunidades autónomas, lograremos que la recuperación económica llegue a las familias. A menos de dos semanas para que el anteproyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2015 llegue al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda y responsable de cuadrar los números andaluces, María Jesús Montero, ha pronunciado una conferencia para desmontar, punto por punto, el relato de la crisis que ha escrito el Gobierno central, primero el de Zapatero y luego el de Rajoy, durante los siete largos años que van de crisis. Montero ha eludido avanzar más detalles sobre las cuentas regionales del año próximo, y en su lugar ha expuesto un alegato a favor de las comunidades, las que gestionan y costean la práctica totalidad de los servicios básicos (educación, sanidad y dependencia) y ha reclamado al Gobierno que revise el modelo de financiación autonómica para que las regiones cuenten con más recursos, para que los fondos que reciben estén a la altura de los servicios que gestionan.
Todo lo que ha dicho esta mañana Montero ha pivotado contra la realidad catalana y el amago de referéndum por la independencia que propuso el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La consejera andaluza de Hacienda critica que la reforma del modelo de la financiación autonómica no forme parte de la agenda del Gobierno de Rajoy, y ha desmentido algunos dogmas neoliberales en los que se ha amparado su administración, dice, para justificar los drásticos recortes en el gasto público y la rígida política de consolidación fiscal: no es verdad que los españoles hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, que gastáramos más de lo que teníamos, que el problema del gasto público estaba en la mala gestión de las comunidades autónomas o que la única solución eran las políticas de austeridad. Montero ha acusado al Ejecutivo central de mantener privilegios en algunas regiones y permitir elementos de discrecionalidad (la Junta teme que Rajoy ofrezca prebendas a Cataluña a cambio de que aparque su deriva soberanista). No consentiremos que se use la financiación autonómica como moneda de cambio para solucionar problemas territoriales, ha subrayado Montero, en referencia al conflicto catalán. Por los recursos competimos todos, necesitamos una reforma constitucional que haga que todos se sienten cómodos. Y cuanto más tarde se aborde el debate, menos posibilidades de solucionarlo, ha concluido.
Por el mal reparto de los fondos del Estado entre las comunidades, ha vuelto a denunciar Montero, Andalucía ha dejado de percibir 3.400 millones de euros entre 2009 y 2012 (dinero que habría ingresado si el modelo de distribución actual hubiera tenido en cuenta la media de financiación por habitante). La consejera ha hecho referencia a un reciente estudio de la agencia de calificación Standard & Poor,s que proponía que Andalucía, y otras cinco comunidades infrafinanciadas, según el informe, debería ser compensada con 1.362 millones de euros anuales (4.780 millones para las seis comunidades afectadas). Para la Junta esta sería una solución provisional razonable mientras se aborda el problema de la financiación autonómica, remachó.
Tarjetas y presupuesto. El primer borrador del presupuesto andaluz de 2015 será aprobado, previsiblemente, en el Consejo de Gobierno del 27 de octubre. Será, según la consejera, un presupuesto difícil y complicado, porque Andalucía cuenta con 606 millones de euros menos, por la caída en las entregas a cuenta del Estado y por el cumplimiento del déficit del 0,7% del PIB. Montero no contempla el escenario de que el Gobierno vaya a negarle a Andalucía el fraccionamiento del pago de la deuda de 426 millones de euros, por la liquidación negativa del ejercicio de 2014. La Junta lleva semanas pidiéndole al Ministerio de Hacienda que confirme que podrá devolver ese dinero en 20 años, y no de una tacada, pero el departamento de Cristóbal Montoro aún no ha contestado, y la consejería ha optado por diseñar el presupuesto descontando esa cifra.
Montero ha asegurado que se blindará el gasto de educación, sanidad y políticas sociales, pero que habrá que seguir explorando partidas de ahorro para que el presupuesto sea eficiente. Es difícil seguir tocando sin ir a la médula de los servicios públicos, ha admitido. También ha vuelto a descartar nuevas tasas o subidas de impuestos, y ha reiterado que el proyecto de ley de una entidad pública de crédito no aspira a funcionar como una banca tradicional al uso, como sostiene IU, sino como un instituto de crédito para inyectar dinero a las pymes.
Por último, la consejera de Hacienda ha confirmado que no hubo tarjetas opacas en las extintas cajas de ahorro andaluzas, desmarcándose de la polémica sobre las retribuciones ilegales que cobraron algunos miembros del consejo de administración de Caja Madrid (y luego Bankia) entre 2009 y 2011. En Andalucía no existen ya las cajas. Ya no es una realidad con la que la Junta conviva. El Gobierno andaluz no tiene constancias de que estas tarjetas hayan existido en las cajas con las que nosotros nos relacionamos en el pasado, concluye.
