El vicepresidente del Senado, Isidre Molas, explicó que la Mesa recibió ayer formalmente el acuerdo del Gobierno autonómico, que admitió a trámite y lo dirigió al presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el socialista Joan Lerma. Ahora, Lerma reunirá la Mesa de la Comisión, encargada de decidir sobre la convocatoria y el orden del día de la cita.
La Comisión General de Comunidades Autónomas es el único foro parlamentario donde pueden acudir todos los gobiernos autónomos y el Gobierno central. Además, es el único donde se pueden hablar todas las lenguas oficiales. La comisión se puede convocar a petición de cualquiera de los gobiernos, del presidente del Senado o de los grupos parlamentarios.
En el escrito que tramitó ayer la Mesa, el Gobierno catalán solicita a Lerma la convocatoria de la comisión, "al amparo del artículo 56 Bis-3" del Reglamento del Senado, "para valorar los efectos para las comunidades autónomas de la situación actual de las propuestas de candidaturas de magistrados al Tribunal Constitucional presentadas por las Asambleas Legislativas" autonómicas.
No es la primera vez, según fuentes del Senado, que el Gobierno de una comunidad solicita la convocatoria de la Comisión para debatir un tema concreto, y así lo hizo, por ejemplo, Castilla y León en la Legislatura pasada para debatir sobre financiación sanitaria. El presidente de la Generalitat, José Montilla, telefoneó el pasado martes al presidente del Senado, Javier Rojo, para explicarle el acuerdo alcanzado por su Gobierno.
Una vez que se convoque la Comisión y se fije el orden del día, Montilla podrá intervenir como el resto de presidentes autonómicos para exponer su opinión sobre la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional y el bloqueo de la sentencia del Estatut.
Aparentemente, la solicitud de la Generalitat es otro órdago al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha dicho en repetidas ocasiones que no es el momento de renovar el TC. Sin embargo, el diario El País publicó el pasado día 2 una información relativa a un supuesto encuentro secreto entre una delegación de Ferraz (sede nacional del PSOE) y otra catalana para limar asperezas, ya que ni a Zapatero ni a los socialistas catalanes les conviene dinamitar su relación. De hecho, tras esa reunión el presidente del Gobierno ha retrocedido en su firmeza al admitir que está dispuesto a "estudiar" la renovación del TC si existe el máximo consenso. Una afirmación que, según criticó el PP, es una "huida hacia delante".
Ayer, la Generalitat admitió que la defensa de la constitucionalidad del Estatut "requerirá de la colaboración del PSOE". Lo explicó, en nombre del Gobierno, el consejero catalán de Política Territorial y Obras Públicas, el socialista Joaquim Nadal, quien dejó claro que el apoyo del PSOE fue vital para que el Estatut fuera aprobado en su tramitación por el Congreso y el Senado.
Mientras tanto, el Parlamento catalán encargó ayer a sus servicios jurídicos un informe sobre los mecanismos que se pueden llevar a cabo para pedir al TC que se declare incompetente para abordar el Estatut
