El presidente Evo Morales y sus opositores autonomistas iniciarán finalmente un proceso de "diálogo nacional" para tratar de superar la crisis política de Bolivia, agravada en las últimas semanas por una ola de conflictos y violencia en varias regiones del país. 15 personas han muerto y hay más de 100 desaparecidos.
Aunque la detención del prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, hizo temer el martes un nuevo recrudecimiento de la tensión en Bolivia, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los más duros opositores a Morales, firmó junto a su colega tarijeño, Mario Cossío, el preacuerdo que sienta las bases para abrir la negociación. Queda, no obstante, por saber si los prefectos de Beni, Ernesto Suárez, y Chuquisaca, Savina Cuéllar, se adhieren también a la decisión.
Si es así, el diálogo político en Bolivia comenzará en Cochabamba el jueves, abordará todos los temas que han enfrentado a Gobierno y oposición y tendrá como "facilitadores" a la Iglesia Católica, países europeos y organismos internacionales americanos. La disposición de ambas partes para negociar llega después de semanas de protestas contra el Gobierno y una ola de violencia que se ha cobrado 15 muertos y más de 100 desaparecidos en la región norteña de Pando, que continúa en estado de sitio y custodiada por los militares.
Antes de firmar el preacuerdo, el prefecto cruceño expresó su solidaridad con su colega de Pando ante la "represión gubernamental" ejercida contra él. Acusó al Gobierno de Morales de atentar contra la democracia y le responsabilizó de los enfrentamientos que puedan producirse. Pese a ello, apostó por el diálogo "franco y leal" como único camino posible para la pacificación de Bolivia.
El Gobierno de Bolivia, por su parte, saludó la decisión de los gobernadores opositores y confió en que se abra un proceso para devolver la tranquilidad al país, según el ministro de Interior, Alfredo Rada. Aun así, destacó que se ha producido una "fuerte derrota" de quienes han "conjurado" contra la democracia.
El documento para abrir el "diálogo nacional" fija las bases, agenda y metodología de la negociación. Se concretó tras 25 horas de trabajo entre una delegación gubernamental encabezada por el vicepresidente del Gobierno, Álvaro García Linera, y otra de los prefectos opositores, que delegaron en el tarijeño Mario Cossío.
Las bases para que Gobierno y opositores se sienten finalmente en una misma mesa se refieren a las autonomías, las ingresos procedentes de los impuestos petroleros y la entrega de las instituciones estatales ocupadas por los opositores en varias regiones. Así, el Gobierno garantizará su respeto a la autonomía departamental de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, hace concesiones en su nueva Constitución y acepta suspender al menos un mes la aprobación de la ley para convocar el referendo para ratificarla.
