"No era sólo una cuestión de aguas, los agentes llegaron hasta el propio Gibraltar, llegaron a pisar suelo" británico, repitió ayer el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en una rueda de prensa que convocó en Bruselas para aclarar el asunto. Si toda la operación de los guardias civiles contra la lancha que portaba dos supuestos traficantes hubiera transcurrido en la costa, el suceso habría quedado abierto a las dobles interpretaciones que suelen distanciar y enfrentar a España y al Reino Unido. El Tratado de Utrech, que selló la paz entre ambas naciones en 1713, entregó Gibraltar a los británicos, pero en el artículo 10 se precisó que sólo tendrían derecho a gestionar las aguas interiores, y no las de la costa.
La primavera pasada, la Comisión Europea declaró las aguas próximas al Peñón como LIC (lugar de interés comunitario) y asumió que la gestión de este espacio sería conjunta, entre España y Reino Unido. Horas antes del incidente de la lancha detenida, Caruana había tachado la decisión de la UE de "inaceptable, inapropiado en la práctica y legalmente imposible". La participación de España sería, a su entender, aceptar la "cosoberanía". "Ningún otro estado puede actuar en nuestras aguas", dijo. Caruana sólo acepta las leyes gibraltareñas y la tutela británica, y aunque las detenciones de los guardias civiles se produjeron por haber pisado suelo del Peñón, como subrayó ayer con énfasis Moratinos, en teoría el ministro principal de la Roca se reserva el mismo derecho para detener a los agentes españoles que patrullen "sus" costas. La asociación mayoritaria de guardias civiles volvió ayer a denunciar que no es la primera vez que Gibraltar obliga a sus patrullas a retirarse del Peñón, creando siempre un incidente diplomático.
El último fue cuando un barco armado británico, la Royal Navy, hizo prácticas de tiro contra una boya con los colores de la bandera española. Londres también tuvo entonces que disculparse de inmediato.