Al aceptar ese documento, la Junta ya transige con "medidas conservadoras" que rechazó en el Parlamento cuando las planteó el PP de Javier Arenas, como han reconocido a este periódico fuentes de la negociación. Con este gesto, el Gobierno de Griñán demuestra su predisposición a lograr un consenso que dé estabilidad al sistema educativo y evitar que cambie la ley que rige en los colegios cada vez que alterna el Gobierno. Pero ya hay un tope estratégico a esa predisposición.
En la última negociación Andalucía pretende parapetarse tras su ley educativa -igual que lo hará Cataluña- para evitar que los populares "añadan más medidas conservadoras" al pacto. "Aceptamos el documento actual en aras del consenso a escala nacional. Pero no queremos que el borrador que hay ahora sobre la mesa se mueva más", dijo ayer Mar Moreno. La consejera explicó que los populares entienden que el documento que ha presentado el ministro es del PSOE, y por eso puede añadir más medidas suyas, "pero en realidad en el texto hay aportaciones de todos. Yo no estoy al 100% de acuerdo con él, pero lo aceptaré hasta ahí en aras del consenso".
concertada. La "equidad" que desarrolla la LEA en varios de sus artículos impediría, por ejemplo, ampliar la red de escuelas concertadas hasta equipararlas con la pública, o exponer públicamente los resultados de los colegios para que los padres comparen, como si fuera un ranking. Ambas son propuestas del PP que no calaron en el primer documento, y que volverá a intentar incluir en la última negociación.
Cataluña también apoya la redacción actual del pacto, pero fija los límites de éste en las competencias que ha blindado su ley educativa y su Estatuto. La idea de potenciar la concertada desagrada tanto a la Generalitat como a la Junta, sólo que en Cataluña hay un 63% de escuelas públicas frente a un 37% de concertadas, mientras que en Andalucía el reparto es del 80% frente al 20%. "Somos el mascarón de proa de la enseñanza pública en España y ése es nuestro papel en la negociación", aseguran desde la consejería. Cataluña admite la "libre elección de centros por las familias, pero no que sean los concertados los que seleccionen a los hogares pudientes".
Cuidando el equilibrio de fuerzas internas, ambas comunidades tienen un discurso parecido. En Andalucía, la LEA fue aprobada en el Parlamento por todos los partidos, excepto el PP. En Cataluña, la LEC recibió el 90% de apoyos del tripartito -PSC, ERC y Iniciativa per Cataluña-. La coalición de izquierdas retiró su voto al 10% restante porque no era suficientemente dura con la concertada. "Ninguna de las dos comunidades se prestará a perder el consenso entre partidos que lograron en sus Cámaras para lograr que el PP arrime el hombro e incluya medidas que no están dispuestas a aceptar", aseguran fuentes conocedoras del proceso. "No aceptaremos que al final de la negociación se pierda la autonomía de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y la libertad estatutaria", explican fuentes del Departamento de Educación que dirige Ernest Maragall. "Andalucía es la comunidad de España que más contrapeso hace a demandas del PP. Y el contrapeso no es contra una sola medida, sino contra todo un modelo ideológico", dice Moreno.
Si al final el pacto cristaliza tal y como está redactado, el Gobierno tendrá que cambiar hasta 20 artículos de la ley estatal. Andalucía modificará la LEA y tendrá que reabrir el debate educativo en el Parlamento, esta vez con las propuestas del PP-A dentro del documento. Gabilondo se reunió ayer con los agentes de la comunidad educativa y advirtió que las propuestas del acuerdo seguirán adelante, aunque no se cierre un pacto de Estado.
