El Ayuntamiento de la localidad granadina de Motril desalojó ayer un campamento que se había levantado en unos terrenos municipales, donde vivían familias, algunas de nacionalidad rumana, con las que acordó sufragarles el viaje de retorno a su país de origen.
El concejal de Interior, José García Fuentes (PP), informó de que todo el proceso se ha desarrollado "desde la más estricta legalidad" puesto que se siguió el proceso habitual de desahucio administrativo y no responde a ninguna "cuestión de nacionalidad".
Sin embargo, desde la ONG Motril Acoge lamentaron la "solución fácil" adoptada por el ayuntamiento y pidió que no expulsen a las tres personas que aún permanecen en la zona. En declaraciones a Europa Press el director de Motril Acoge, Eugenio Pérez, criticó esta "expulsión disfrazada de repatriación" que se ha llevado a cabo "sin comunicar nada a los afectados por escrito". "Si hubieran sido otro tipo de extranjeros comunitarios, no los hubieran desahuciado", criticó.
Según explicó Pérez, en la mañana de ayer se produjo el desmantelamiento de las chabolas que estaban instaladas en el terreno, de propiedad pública, a excepción de las que habitan las tres personas que permanecen en la zona porque rechazaron la propuesta del consistorio de sufragarles el viaje de regreso. El resto, unas once personas, entre las que se encuentran niños pequeños y una mujer embarazada, volvieron a Rumanía el lunes pasado de madrugada, según relató.
Días antes lo hicieron otras seis personas de nacionalidad rumana, pues, según aclaró Pérez, "no había nadie procedente de otro país como se dijo", ya habían salido en días anteriores de regreso a su país con la mediación del ayuntamiento, esta vez por temor a que los Servicios Sociales les quitaran a sus hijos.
Según el edil, "allí también había españoles o magrebíes" y otras fuentes señalaron que durante su estancia las familias recibieron atención de la Cruz Roja y del área municipal de Acción Social y que hubo un acuerdo con los implicados a los que se facilitó el regreso a su país de origen.
Fuentes del Consulado General de Rumanía en Sevilla precisaron que se trata de un "caso excepcional" de "retorno voluntario", resultado de la "estrecha colaboración" que existe entre este organismo y el Consistorio de Motril, con el que tienen firmado un acuerdo para ofrecer servicios consulares itinerantes. El Consulado expidió tres títulos de viaje a aquellas personas que querían abandonar el país, tenían caducada su documentación y carecían de recursos para costear el viaje.
El pasado 29 de octubre, el Ayuntamiento de Motril acordó en sesión plenaria este desalojo, lo que IU comparó con las medidas emprendidas en Francia por Nicolas Sarkozy. A estas críticas se suman las de diferentes colectivos en defensa de los inmigrantes.