La violencia de género y la inmigración se han aliado en Sevilla en una peligrosa combinación que aboca a un doble maltrato a las mujeres extranjeras, sobre todo si no tienen papeles. No es sólo que los recursos públicos no estén capacitados para protegerlas, es que ni las ven, según denuncian las pocas entidades que trabajan con ellas.
Mujeres sometidas por su propia comunidad inmigrante; obligadas a prostituirse para salvar una deuda tan enorme con la red ilegal que las trajo que acaban enganchadas a la cocaína para aguantar el ritmo de 17 o 18 clientes al día; que se casaron con un español que terminó maltratándolas; que no tienen permiso de trabajo y aceptan cualquier cosa para mantener a su familia... hay casos terribles, y la mayoría seguirán ocultos, lamenta la abogada Vanessa Casado, que lleva el único programa específico para mujeres inmigrantes maltratadas.
Las que llegan a Sevilla de forma ilegal no denuncian que sufren violencia. Ni siquiera si les pega su pareja, aunque la sociedad en la que viven envía continuos mensajes contra estas agresiones y recibirían casi la misma ayuda que las sevillanas, con excepciones, como que pueden abrirles expediente de expulsión. Además, muchas no entienden el idioma. Y temen las represalias, sobre todo si dejaron a sus hijos en su país.
Y qué decir si encima padecen una violencia invisible, específica de estas extranjeras, como la mutilación genital o la prostitución, que nadie a su alrededor va a adivinar y menos a denunciar. "Aún cuesta la propia vida que la sanidad o los servicios sociales usen criterios para detectar el maltrato de género, imagínate esto, que a nadie se le pasa por la cabeza", lamenta Amparo Díaz, abogada especialista en violencia machista.
"Nuestra sensibilización en estos temas, que afectan a mujeres y niños, va muy por detrás de la realidad". Sólo se detectan casos gravísimos, que salen a la luz cuando una mujer sufre una paliza de muerte o casi se desangra en un parto por estar mutilada.
Y eso nos deja donde estamos: los organismos no saben a cuántas inmigrantes agreden sus parejas, son prostituidas o padecen ablación genital. O la mezcla de las tres. Los casos sólo se registran como tales en un servicio pionero llamado Vía Amiga, en el centro Leonor Dávalos. Lo inició la asociación Afromujer para atender esas necesidades sin respuesta, y lo lleva sobre sus hombros Vanessa Casado, con fondos de todas las administraciones.
En dos años ha atendido unos 40 casos, la mayoría de subsaharianas, sobre todo nigerianas, que jamás usan los recursos públicos, aunque quizá éste sí por las referencias de otras usuarias.
"Llegan destrozadas -dice Casado-, anuladas, acostumbradas a que las mutilen, a vivir sometidas. Se quejan de una cosa, pero nos cuentan otras mil sin saber que también son maltrato".
Explicarles que tienen derechos es difícil. Acudir a cualquier sitio supone señalarse, y si no tienen papeles es un problema para ellas y para su comunidad, que las obliga a callar para evitar a la Policía. Ninguna de las mujeres atendidas tenía toda la documentación en regla. Tras una entrevista en su idioma, se las acompaña a organismos que pueden darles ayuda psicológica, jurídica y social, como Cruz Roja, Comisión de Ayuda al Refugiado o los Puntos de Información a la Mujer (PIM) municipales.
Por la gravedad de los casos, a las 40 se les recomendó acudir a una casa de acogida de la ONG Villa Teresita -que ayuda a prostitutas- o al Instituto Andaluz de la Mujer. Sólo ocho accedieron. La mayoría no, por la fuerte dependencia de su entorno o porque no pueden dejar de trabajar, y los horarios de esos centros lo impiden. Y no suelen tener derecho a ayudas económicas.
En la violencia de género se adivina el volumen del problema. Las inmigrantes reciben asistencia de cualquier institución: los PIM atendieron a 809 mujeres en 2007 por consultas sobre violencia, el 10% de ellas inmigrantes, aunque éstas son poco más del 3% de las mujeres de Sevilla. Casado advierte, además, del contagio: las inmigrantes agredidas en España fueron el 39% en 2007, pero sólo eran extranjeros el 30% de los agresores, según el Observatorio de la Violencia. O sea, también las maltrataron españoles, quizá al ver su vulnerabilidad.
Las extranjeras, aun sin papeles, pueden acceder a recursos especializados como centros de acogida, pero necesitan una sentencia que les dé la razón y una orden de alejamiento. Es decir, ir al juez pese a su precaria situación. Y en paralelo, la Policía tiene en vigor la instrucción 14/2005, que obliga a abrir expediente de expulsión, igual que ocurre con las víctimas de redes de prostitución, como cuestiona Casado. Amnistía Internacional o Jueces para la Democracia, entre otros, piden su retirada; es más, saben que en muchos casos ni siquiera se aplica.
"Pues con más razón tendrían que eliminarla", insiste Marián Caro, de Acción Alternativa, que participó en la elaboración de la Ley contra la Violencia de Género, y propone más cambios. "Hace falta regularizarlas si sufren maltrato, y un abanico más amplio de ayudas: que sean más flexibles, porque sus necesidades lo son".
Flexibilidad . Caro ve urgente que las mujeres que llegaron a España por reagrupamiento familiar con sus maridos y son maltratadas logren un permiso de residencia propio para no seguir atadas al agresor. Y sobre todo, cree que hay un "exceso policial y penal, recursos muy rígidos y una ausencia total de medidas informales", como el acompañamiento, que es lo que más piden para entender el idioma o saber dónde pedir ayuda.
Caro alaba la reciente campaña del IAM con información en cinco idiomas, pero pregunta: "¿A cuántas les llega? Son mujeres aisladas, ése es uno de sus problemas. ¿Van a poder leer esos dípticos?".
Tan aisladas están, que en Sevilla la sanidad no ha registrado casos de mutilación genital, aunque Vía Amiga los conoce. Los médicos, a los que las inmigrantes van poco, no suelen indagar. Amparo Díaz es clara: "No es excusa que no vayan al ginecólogo: una mujer con mutilación genital ha sido antes anulada como persona, y eso se sabe si se las entrevista con criterio profesional".
También se ocultan las que llegan sin permisos y son a veces obligadas a prostituirse en condiciones leoninas, según Casado: encerradas en clubes, sin descanso ni cuando tienen el periodo, con muchos clientes... si se enganchan a la droga para aguantar, ahorran menos para pagar una deuda que puede llegar a 45.000 euros. El Consistorio intentó este año regular esa actividad, pero hace un mes se echó atrás y anunció en cambio un plan social.
A día de hoy, no ha empezado a trabajar con las prostitutas. Médicos del Mundo sí tiene un programa de atención que el año pasado asistió a 920 mujeres: el 90% eran extrajeras y a la mitad le faltaban papeles.
