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Mujer y menor de 50 años, perfil de los cuidadores no profesionales

La mitad de los cuidadores de dependientes no profesionales dados de alta al régimen de la Seguridad Social en España son andaluces. Así, de los 42.298 personas que atienden a mayores o discapacitados amparados por la Ley de Dependencia, 21.198 se encuentran en Andalucía.

el 15 sep 2009 / 20:24 h.

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La mitad de los cuidadores de dependientes no profesionales dados de alta al régimen de la Seguridad Social en España son andaluces. Así, de los 42.298 personas que atienden a mayores o discapacitados amparados por la Ley de Dependencia, 21.198 se encuentran en Andalucía, en su mayoría mujeres menores de 50 años.

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a fecha de 23 de diciembre, aunque la segunda comunidad autónoma con mayor número de cuidadores no profesionales es el País Vasco, con 3.300, provincias andaluzas como Cádiz o Málaga superan por si solas la cifra del País Vasco, con 3.791 y 3.690 cuidadores cada una.

Ambas comunidades superan la suma de todos los cuidadores existentes entre Baleares (372), Canarias (345), Castilla y León (967), Extremadura (350), Madrid (30), Navarra (344), La Rioja (369), Ceuta (214) y Melilla (199). El resto de las autonomías presentan los siguientes datos: Castilla La Mancha, 3.190; Cataluña (2.562); Galicia (2.467); Murcia (1.852); Asturias (1.155); Cantabria (1.194); Aragón (1.069).

Sobre el perfil de los cuidadores, los datos revelan que sólo el 5% (2.174) son hombres, frente al 95% de mujeres (40.124). En cuanto a la edad, casi la mitad tienen menos de 50 años; el 33% (14.251) entre 51 y 60 años; y el 20% (8.414) más de 60 años.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el responsable de Dependencia de su grupo parlamentario, Miguel Barrachina, se reunieron esta semana con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) y denunciaron que la Ley de Dependencia "no sólo no ha generado puestos de trabajo, sino que está contribuyendo a su destrucción". La FED trasladó el malestar del sector con la aplicación de la norma porque "ha generalizado las aportaciones para las ayudas no profesionales, en lugar del cuidado profesional en residencias especializadas, cuya construcción también se está reduciendo".

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