El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra propone una multa de 6.250,99 euros a un matrimonio como autores de una "infracción muy grave" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como consecuencia de la edificación en una finca declarada "suelo no urbanizable" en el sector conocido como Clarevot.
La ofensiva del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, con media docena de derribos de construcciones ilegales las últimas semanas, tiene continuidad. Según la propuesta, firmada ya por el propio alcalde, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), y recogida por la agencia Europa Press, el matrimonio formado por C.G.C.P. y L.R.C. posee una finca de aproximadamente tres hectáreas en Clarevot, calificada como suelo no urbanizable según el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por ello, el área municipal de Servicios Territoriales abrió en 2008 un expediente al detectar una "infracción muy grave" de la LOUA, proponiendo así una sanción del 75% al 150% del valor de la obra ejecutada por tratarse de "actuaciones no susceptibles de su legalización" en el futuro, como otros casos.
Los afectados, no obstante, alegaron que fueron "engañados" en el contrato de compraventa de los suelos y que "la parcelación en la finca estaba realizada cuando adquirieron la participación indivisa" y no efectuaron "obra alguna". Discrepan también de la descripción de las obras, bajo la consideración de que la única imputación por su actuación "son 15 metros de fachada, más 44 laterales, es decir 59 lineales", y que la piscina "desmontable" de 28 metros cuadrados "no pude considerarse instalación".
Igualmente, los afectados alegan que la finca fue devuelta "a su estado primitivo" y, de este modo, solicitaron el archivo de las actuaciones o la reducción de la sanción al 75%. Pero Servicios Territoriales considera que las actas levantadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil prueban que "existe cocina y salón en la citada construcción" ilegal, descartando que la obra correspondiera al alojamiento de un pozo. Hay 15 días para alegar de nuevo.
