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Multa de 600.000 euros por usar agua de 11 pozos ilegales

Una comunidad de regantes de Aznalcázar deberá pagar una multa de 601.012 euros por utilizar agua captada de pozos ilegales para regar 444 hectáreas de cultivos.

el 15 sep 2009 / 23:23 h.

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Una comunidad de regantes de Aznalcázar deberá pagar una multa de 601.012 euros por utilizar agua captada de pozos ilegales para regar 444 hectáreas de cultivos. El Tribunal Supremo da así la razón a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que descubrió las irregularidades en el año 2000.

La sentencia del alto tribunal confirma la multa, además de incluir el pago de una indemnización de 1.123.416 euros por la utilización de cinco millones de metros cúbicos de agua captados ilegalmente para regar arroz, algodón y remolacha. El fallo, al que tuvo acceso la agencia Efe, confirma en todos sus extremos la resolución emitida por el Consejo de Ministros que, en febrero de 2004, acordó imponer una multa a dicha comunidad de regantes por haber cometido una infracción "muy grave".

Según la resolución, los agricultores tenían en explotación 11 captaciones de aguas subterráneas sin autorización de la CHG, que al ser descubiertas el 19 de octubre de 2000 se habían utilizado para regar 338 hectáreas de arroz por inundación, 86 hectáreas de algodón por goteo y 20 hectáreas de remolacha por aspersión, en el paraje conocido como Hato Blanco Viejo, en el término municipal de Aznalcázar. En su defensa, los agricultores argumentaron que hicieron uso de la captación de esta forma por una "optimización técnica" del agua, ya que no aumentaron el caudal de riego que tenían autorizado y, por ejemplo, regaban el algodón con el líquido resultante del desecho del cultivo de arroz. Estas peticiones no fueron atendidas por el Consejo de Ministros, que ordenó a la comunidad de regantes que inutilizaran los pozos no autorizados en el plazo de 15 días y que no usaran las captaciones para riego no permitidos.

Cinco años después, el Tribunal Supremo responde que no sólo estaban realizando captaciones en pozos para los que la CHG les negó la autorización, sino que se usaban en espacios tampoco permitidos para ser regados.

Teniendo en cuenta la dotación máxima para regadío en la cuenca del Guadalquivir, el fallo cree demostrado que se usaron 5.349.600 metros cúbicos de agua. Según los precios vigentes en aquella época, implica un total de 1,1 millones de euros que deberán devolver a la CHG. De igual forma, los jueces rechazan la cuestión de nulidad alegada por los agricultores, según las cuales el guarda forestal que denunció los hechos no tenía condición de funcionario.

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