La Dirección General de Consumo del Govern balear ha abierto expediente sancionador a ocho compañías aéreas que operan en el archipiélago por incumplimientos de la normativa en la publicidad de sus páginas web, la aplicación de los descuentos de residente en las islas y otras irregularidades.
Los inspectores de Consumo del Govern han realizado un seguimiento de la actividad de 16 compañías aéreas que operan en las islas, lo que ha dado lugar a la apertura de expedientes de sanción para la mitad de ellas, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que no precisa el nombre de estas empresas.
Han detectado problemas en la aplicación de los descuentos para los residentes en Baleares en cuatro compañías aéreas que operan en las islas.
Entre las irregularidades por este concepto destaca que hay compañías que no efectúan dicha rebaja, en otras no se ha podido verificar si se lleva a cabo en los vuelos con escala o bien no se ha podido confirmar si se resta del precio final dicho concepto porque la aerolínea no ofrece factura desglosada.
Tres compañías presentan irregularidades en el descuento para familias numerosas porque o bien no lo realizan, o lo aplican de forma incorrecta o no se establece ningún procedimiento en la página web para acogerse a este concepto.
Ocho compañías aéreas muestran de forma preseleccionada el seguro de viaje, que es opcional y también se han cobrado precios más elevados de los anunciados por un cambio en la hora o el día del viaje ya contratado.
De las 16 compañías inspeccionadas, seis de ellas cobran por el equipaje y los inspectores han detectado que los precios varían mucho de unas a otras, desde los 4,5 euros que cobra alguna, a los 18 que reclama otra por cada maleta adicional.
Tres compañías cobran por la posibilidad de elegir asiento, una de las cuales llega a cargar 22,5 euros en la factura por este concepto.
Seis aerolíneas cargan una cantidad adicional por utilizar tarjeta de crédito para efectuar el pago de los servicios contratados. En algunos casos, las compañías emiten sus propias tarjetas y penalizan a los clientes que utilizan las de otras entidades.
Todos los incumplimientos se derivan de dos normas en materia de consumo que son la Ley 1/1998 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Baleares y el Real Decreto 1/2007 que aprueba el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios.
La primera se refiere a la garantía del derecho a una correcta información sobre bienes, productos y servicios; y la segunda a la obligatoriedad de comunicar en toda la información al consumidor, incluida la publicidad, el precio final completo de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y los gastos que se puedan derivar por adicionales o servicios accesorios.
