En plena oleada de recortes autonómicos, cuyos presupuestos tienen que apretarse para cumplir el objetivo del déficit, han surgido voces críticas que han denunciado que en algunas comunidades se ha retirado la tarjeta sanitaria a los parados de larga duración -que ya no reciben prestación- y a otros colectivos como inmigrantes sin recursos.
La última denuncia ha llegado desde Murcia, donde el PSOE criticó que el Servicio Murciano de Salud está informando a los desempleados sin prestación de que se dirijan a la Tesorería General de la Seguridad Social para tramitar una nueva tarjeta en la que figuren como beneficiarios de algún familiar que sí esté dado de alta en la Seguridad Social.
Por su parte, el Gobierno se justificó alegando que es un procedimiento habitual y que la asistencia está garantizada y los socialistas señalaron que están incumpliendo la ley.
En Galicia ocurre lo mismo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social aseguró ayer que el Servicio Gallego de Salud "no ha solicitado" a este organismo el convenio "que evitaría retrasos a los residentes" de esa región al permitir acceder a su base de datos para agilizar los trámites para las personas que han agotado la prestación por desempleo.
En un comunicado, la Seguridad Social recuerda que la Ley General de Salud Pública, en su disposición adicional sexta "garantiza la universalización de la sanidad pública, lo que incluye a los parados que han agotado su prestación". "Las comunidades autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para acceder a su base de datos y evitar demoras a los usuarios del servicio", recalcó.
"La Ley General de Salud Pública extiende la asistencia sanitaria pública a residentes en territorio nacional a los que no se les reconocía este derecho en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico, alrededor de 300.000 personas que, por diferentes motivos, permanecían fuera de la sanidad pública en España", explicó, para añadir que esta cifra incluye tanto parados que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo como determinados colectivos, por ejemplo abogados o arquitectos.
La conselleira de Sanidad de la Xunta, Pilar Farjas, replicó que ella misma firmó el día 30 de noviembre de 2010 el convenio que agiliza los trámites a las personas que se les ha agotado la prestación por desempleo para obtener la tarjeta sanitaria, al permitir al Sergas acceder a la base de datos del organismo estatal.
Desde Andalucía, la consejera del ramo, María Jesús Montero, mostró el "profundo rechazo" que para el Ejecutivo andaluz supone implementar medidas de "recorte sanitario" como la gallega, que ha provocado casos de retirada de la tarjeta sanitaria o las "esbozadas y aún no concretadas" por el Gobierno catalán sobre el ticket moderador para no abusar de los servicios sanitarios.
