El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, puso ayer fin, 42 días después, al estado de excepción en su país. Con esta decisión, se restauraba la Constitución y expiraba la Orden Constitucional Provisional que regía en Pakistán, algo que Musharraf dijo que hizo con el único propósito de "salvar al país".
Musharraf había decretado el estado de excepción, según aseguró el 3 de noviembre, por el deterioro de la ley y el orden en Pakistán y por la "injerencia" del Poder Judicial en la tarea de Gobierno. Para muchos analistas, sin embargo, Musharraf se proponía en realidad someter al Tribunal Supremo, que se debía pronunciar sobre la validez de su candidatura para un segundo mandato, con una decisión posiblemente adversa al presidente.
En virtud del estado de excepción, los jueces estaban obligados a jurar de nuevo sus cargos ante el presidente para continuar en ellos, pero sólo cinco se avinieron a hacerlo y los demás fueron sustituidos por otros en teoría más afines. El tribunal desechó el caso y desestimó los recursos contra Musharraf, ante quien los 14 jueces de la corte juraron la restaurada Constitución.
Musharraf salió al paso de las elucubraciones e indicó que su decisión fue para "salvar el país". "Tuve que declarar el estado de excepción contra mi voluntad", aseguró en un discurso televisivo a la nación. En su intervención, el presidente se felicitó por el éxito de la medida, que supuso "el retorno de la estabilidad a Pakistán". Según Musharraf, el estado de excepción fue impuesto por la existencia de "una conspiración" del Supremo, que le dejó sin otra alternativa que poner en juego su credibilidad.
La declaración de la excepción precedió al cierre de varios canales de televisión críticos con Musharraf y supuso la detención temporal de más de 5.700 abogados, activistas y opositores, entre ellos Chaudhry y la ex primera ministra Benazir Bhutto.
